Las denuncias por casos de corrupción y ejecuciones extrajudiciales en el Ejército colombiano obligaron al Gobierno de Iván Duque a ordenar la apertura de investigaciones y separar del cargo a varios jerarcas mencionados en investigaciones de la Fiscalía General de la Nación y artículos periodísticos.
Las acusaciones sobre irregularidades en el Ejército se dispararon en mayo pasado, cuando un artículo del diario estadounidense The New York Times reveló que altos mandos habían encargado a sus subordinados 'duplicar' la cantidad de personas detenidas o abatidas en el marco del combate a organizaciones criminales.
El periódico también volvió a poner sobre la mesa la existencia de 'falsos positivos', término utilizado para referirse a los civiles inocentes ejecutados de forma ilegal por el Ejército, que luego los hacía pasar por miembros de la guerrilla para hacerse de las recompensas.
Más recientemente, investigaciones de la revista Semana denunciaron que altos mandos de las Fuerzas Armadas solicitaban dinero a empresarios a cambio de 'salvoconductos' para utilizar armas de fuego. Varios de esos 'permisos', incluso, terminaban en manos de grupos criminales.
La Fiscalía General de la Nación, en tanto, abrió una causa para investigar presuntas irregularidades en el manejo de fondos dentro de unidades militares. Según se detalla, los 12 militares "se beneficiaban mediante nombramientos ilícitos por actos administrativos falsos, en especialidades como inteligencia militar, logística, sanidad e ingenieros".
Los artículos de Semana también indicaron que jerarcas militares llegaron a ofrecer "100 millones de pesos" (unos 31.000 dólares) a los subalternos que llevaran a quienes "están filtrando la información de lo que está saliendo en la prensa".
Consultado por Sputnik, el analista y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, dijo que las acusaciones han abierto "una situación bastante crítica" para el Ejército.
El especialista además que las irregularidades no se limitan al manejo de permisos o fondos sino también a "cosas raras" como, ejemplificó, que Miguel Antonio Bastidas Bravo, jefe de la organización criminal 'La Constu', fuera hallado viviendo dentro de un cuartel militar en Bogotá. El criminal, incluso, utilizaba un coche oficial y era escoltado por un coronel en funciones.
"Son situaciones alarmantes porque estamos en un momento delicado y de transición, de búsqueda de la paz y de acuerdos. Y estos son coletazos de una guerra de tantos años", explicó González Posso.
Según el especialista, la 'infiltración' del narcotráfico en las instituciones públicas colombianas "es un fenómeno que no se ha podido erradicar y sigue permanentemente en la institucionalidad y en la sociedad colombiana".
González Posso advirtió que las irregularidades en el uso de armas, y especialmente las órdenes de duplicar la cantidad de detenciones y muertes, "indican que hay un ambiente interno que pretende elevar de nuevo los niveles de confrontación, desbordando las disposiciones constitucionales".
Según sostuvo, esos grupos pretenden regresar "a los métodos de la guerra sucia" contra la guerrilla.
Sin embargo, la corrupción encuentra una contrapartida en otro grupo de militares "que contribuyeron a la firma de acuerdos de paz" y están en contra de las irregularidades dentro de la fuerza. "Son esos los que le dieron información a la prensa y están en una actitud de defensa institucional y evitar que se vuelva a generalizar la guerra sucia", apuntó.
Para el director de Indepaz, se trata de un "fenómeno interesante" que está sucediendo en Colombia, ya que, si bien tienen temor de sufrir represalias por parte de sus superiores, esos sectores demuestran que "en el miedo hay valentía".
"Creo que es un elemento que hay que identificar y proteger, porque no es valorado y es visto como si fuera una amenaza desde altas instancias del Gobierno", sostuvo.
En efecto, para González Posso la actitud del Gobierno de Duque no fue la debida en el tema.
"Hay omisión o confusión. No podemos decir que haya una estrategia de guerra sucia dirigida desde el poder, no podemos decir que el presidente esté mandando a matar gente pero resulta que cuando se presentan estas situaciones se promueve a las cúpulas a personas que tienen historias de juicios e impugnaciones", sostuvo.
Uno de esos casos es el del propio comandante en jefe del Ejército, Nicacio Martínez Espinel, nombrado en su cargo en diciembre de 2018, a pesar de la existencia de denuncias en su contra por casos de 'falsos positivos' e irregularidades en el manejo de fondos.
González Posso también apuntó contra el ministro de Defensa Guillermo Botero, quien "cuando se presentó el caso de las ejecuciones, ha salido a decir que son cosas accidentales y que no hay ningún tipo de responsabilidad de los mandos".
No habrá paz efectiva hasta que Colombia modifique su 'doctrina militar'
También en diálogo con Sputnik, Víctor de Currea-Lugo, analista especializado en proceso penal, consideró que el Gobierno colombiano tiene responsabilidad en la situación.
"Las pruebas que existen sobre la sistematicidad de los asesinatos de líderes sociales, más de 10.000 'falsos positivos' y prácticas constantes de corrupción hacen pensar que no se trata de casos aislados", argumentó.
Incluso si no fuera así, comentó, también habría responsabilidad de la gestión de Duque, que no puede incurrir en "omisión" ante las denuncias.
Para De Currea-Lugo, la situación en la que están envueltas las Fuerzas Armadas tiene que ver con que el conflicto armado "se ha reducido, por parte de las élites, únicamente a la demonización de la guerrilla".
"El problema fundamental es que en el proceso de paz ni siquiera se mencionó la necesidad de reformar la doctrina militar de Colombia, que está basada en el enemigo interno, en la seguridad nacional y, en resumen, en la noción de 'Guerra Fría'", explicó.
No cambiar la forma de pensar de sus Fuerzas Armadas llevará, según De Currea-Lugo, al "fracaso del proceso de paz", dado que "si no se revisan las causas de la doctrina militar, aunque condenen a los responsables de los falsos positivos”, la paz no será efectiva".
El analista también reclamó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de visita actualmente en Colombia para analizar el estado del proceso de paz, exija al Gobierno de Duque que "los pactos internacionales de derechos humanos sean respetados".
De Currea-Lugo apuntó que, si bien los sectores cercanos al Gobierno "no son sensibles a las protestas internas ni al conflicto armado", sí lo son "a las presiones de la comunidad internacional", por lo que la mayor atención de Naciones Unidas puede ser positiva.
