"Esto repercute en que se van desvaneciendo las verdades que queremos sacar a la luz del proceso, en el caso de Berta esta persona era importante porque es un ejemplo de cómo funcionan las empresas extractivas en Honduras con este tipo de prácticas, de contratar sicarios, de mantener relaciones de tipo paramilitar para asegurar el exterminio de la oposición del proyecto", señaló la organización a Sputnik.
Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a balazos en su casa el 2 de marzo de 2016, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado hondureño medidas cautelares de protección para su vida.
La activista había realizado denuncias contra el proyecto de central hidroeléctrica Agua Zarca llevado adelante por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) por considerarlo una amenaza para el territorio de las comunidades indígenas de la etnia lenca.
"Con la muerte de Olvin García Mejía se sepulta un testimonio clave y se oculta la verdad sobre los planes de la empresa DESA para asesinar a Berta Cáceres. García Mejía fue denunciado en reiteradas ocasiones como sicario contratado por la empresa para asesinar a Berta Cáceres y líderes comunitarios", señaló el Copinh días atrás en un comunicado de prensa.
"Nosotros queríamos llamarlo a indagatoria como testigo en los casos por el asesinato de Berta, para que pudiera salir un poco a la luz la verdad sobre esa vinculación, pero con esta persona muerta se oculta esa verdad", señalaron las fuentes.
El Copinh sostiene que en diciembre de 2015 el sicario tenía planeado asesinar a Cáceres y a otros líderes de la comunidad por orden de la empresa DESA.
El plan no se llevó adelante debido a que el 27 de diciembre de 2015 fue detenido por portación ilegal de armas.
Cuando la policía lo detuvo se dio cuenta de que también tenía una orden de captura por el asesinato de Bernardo Pérez, pero el Copinh afirma que luego de diversos actos de corrupción que involucraron a jueces, fiscales y abogados, el sicario fue liberado a los cuatro días.
La organización fundada por Cáceres asegura que García Mejía tenía contacto directo con la empresa DESA, que le pagaba y le brindaba cierta logística, incluyendo armas, y su comunicación llegaba a los directivos de la compañía.
La comunidad lo identifica como "el perpetrador de por lo menos 10 asesinatos en la región de Río Blanco".
Siete meses atrás, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia hondureño emitió un fallo oral en el primer juicio por el asesinato de la activista Cáceres y determinó que el crimen fue cometido "con conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. [DESA]".
El objetivo era poner fin a la resistencia al proyecto de Agua Zarca, según la justicia, que declaró culpables a siete de los ocho acusados.