En conferencia de prensa ofrecida en La Habana, los representantes de la delegación del ELN confirmaron que los documentos fueron entregados ante el Comité Internacional de la Cruz Roja, y a los gobiernos de la Confederación Helvética, Alemania, Holanda, Italia y Suecia.
También fueron remitidos a los países que integran el Grupo de Acompañamiento, Apoyo y Cooperación (GPAAC), al Vaticano, y a la Secretaría General del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En un documento al que tuvo acceso la prensa, los representantes del ELN subrayaron que en la etapa pública de conversaciones, desarrollada entre febrero de 2017 y agosto de 2018, hubo acuerdos y avances de los que fueron testigos la ONU, la Iglesia Católica, una docena de gobiernos garantes y acompañantes, y diferentes entidades multilaterales, además de amplios sectores de la sociedad colombiana.
Agrega el texto que los esfuerzos políticos y diplomáticos de asumir el anhelo de paz y cambios que tiene el pueblo de Colombia, materializados en acuerdos y avances, mantienen vigencia para el ELN, aun cuando la contraparte, en referencia al Gobierno, los niegue.
El comunicado destaca además que existe una base de compromisos para el ELN y considera su cumplimiento una "obligación jurídica, ética y política".
A su vez, el ELN mantiene su compromiso de llegar a Acuerdos Humanitarios para regular la confrontación armada y hacerla menos cruenta, así como para rebajar la intensidad del conflicto y pactar un nuevo cese al fuego bilateral como el desplegado entre octubre de 2017 y enero de 2018.
Al llegar a la Presidencia de Colombia el 7 de agosto del año pasado, Iván Duque congeló los diálogos con el ELN, los cuales supeditó a que esa guerrilla liberara a "todos los secuestrados" que tiene en su poder y cesara los atentados a la infraestructura del país.
Desde entonces Bogotá pide a La Habana que entregue a los jefes negociadores de paz del grupo rebelde, pero el gobierno de Cuba se niega a hacerlo bajo el argumento de que respeta los protocolos de los diálogos de paz, los cuales indican que no puede extraditar a los delegados ante el rompimiento de los mismos.
Tras el atentado ejecutado por el ELN el 17 de enero de este año contra la Escuela de Cadetes General Santander (en Bogotá), que dejó 22 muertos y 66 heridos, el mandatario canceló los diálogos de paz de manera unilateral.
Las conversaciones habían comenzado en febrero de 2018, bajo la administración del entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
