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Ecuador despliega operación de seguridad en zona afectada por minería ilegal

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MONTEVIDEO (Sputnik) — El Gobierno de Ecuador desplegó un operativo de seguridad con militares y policías en una zona de la norteña provincia de Imbabura afectada por delitos vinculados a la minería ilegal, como la explotación sexual y laboral, indicó en rueda de prensa la ministra del Interior, María Paula Romo.

Las operaciones en la parroquia (municipio) La Merced de Buenos Aires, que se encuentra en el cantón Urcuquí, comenzaron luego de que el presidente Lenín Moreno dispuso el 2 de julio por decreto el estado de excepción en la zona.

"Moreno decretó el estado de excepción en la zona de la parroquia La Merced de Buenos Aires, decreto que dispone la movilización de la administración pública central e institucional para atender de manera integral lo que está sucediendo, en especial a la policía, las fuerzas armadas, Ministerio de Energía y la Agencia de Regulación y Control Minero, porque lo primero que debemos asegurar son los aspectos de seguridad", dijo Romo.

En torno a La Merced de Buenos Aires, que tiene unos 1.800 habitantes, están asentadas miles de personas dedicadas a actividades ilegales, indicó la ministra.

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"La minería ilegal es una amenaza multidimensional que, además de afectar a la seguridad de las personas y la tranquilidad de la zona, implica una gravísima afectación ambiental", afirmó.

El Ministerio del Interior ha identificado casos de explotación laboral y sexual, lavado de activos, extorsión, intimidación y contrabando.

"En 2018 se desarticularon en la zona 65 grupos delictivos y en lo que va del año 2019 se han desarticulado 27 más; entre estos dos años, se han aprehendido 859 personas dedicadas a estas actividades ilícitas", dijo la ministra.

La "magnitud" de la ocupación de esas actividades ilegales hace necesaria una intervención firme del Estado, alegó.

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El Ministerio del Interior desplegó a partir de la madrugada del 2 de julio 1.102 policías, que se suman a los ya asignados a la provincia de Imbabura.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, afirmó en la misma rueda de prensa que "se ha adoptado una intervención [militar] con apoyo de la fiscalía; tanto la acción fiscal y policial están resguardadas y respaldadas por la acción militar en los casos que se requiera".

Las autoridades aseguraron que todos los operativos buscan evitar cualquier tipo de brote de violencia.

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