"Miles de solicitantes de asilo procedentes de América Central y de otros lugares, incluidos más de 4.780 niños y niñas, enfrentan condiciones potencialmente peligrosas e insostenibles después de que las autoridades estadounidenses los envían de regreso a México. El 7 de junio de 2019, Estados Unidos y México acordaron ampliar drásticamente el programa de devoluciones", señalan las ONG en un informe publicado este 2 de julio.
Para Clara Long, investigadora sénior de HRW y coautora del informe, "los funcionarios fronterizos estadounidenses están abandonando a madres con niños pequeños y otros migrantes vulnerables en ciudades fronterizas de México donde su seguridad está en riesgo”.
La observación de audiencias judiciales en decenas de casos y entrevistas a fondo con solicitantes de asilo, funcionarios de EEUU y México, activistas locales y abogados, llevaron a HRW a la conclusión de que solicitantes de asilo sufren graves daños después de la devolución, incluidos secuestro, agresión sexual y violencia.
Las autoridades de México han incumplido su promesa de proporcionar visas de trabajo a los solicitantes de asilo en el programa de Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), lo que limita sus medios de subsistencia y los expone a la posibilidad de explotación, dice el informe.
Por su parte, agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU se niegan a devolver documentos de identificación personal a estos migrantes, lo que les impide solicitar asilo en otra parte, buscar lugares más seguros en México o regresar a sus países de origen.
Human Rights Watch y Hope Border Institute exhortan al Departamento de Seguridad Nacional de EEUU "a poner fin de inmediato al programa de MPP y a dejar de enviar de regreso a México a solicitantes de asilo y a garantizar su seguridad, acceso a asistencia humanitaria y debido proceso durante todo el procedimiento de asilo". También llaman al Gobierno de EEUU a agilizar los trámites, evitar las detenciones de personas vulnerables y ampliar las oportunidades de representación legal en el sistema de justicia inmigratoria.