"Los Militares de "Joh" (el presidente Juan Orlando Hernández) desmontaron la carpa para conmemorar el asesinato del primer mártir de la resistencia, el joven Isys Obed Murillo", publicó el expresidente Manuel Zelaya en su cuenta de la red social Twitter.
"Fue un despliegue salvaje, exagerado, como si fueran a enfrentar a un ejército", declaró Barahona a la emisora Radio América, en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, donde Murillo fue asesinado por la represión de las fuerzas golpistas hace 10 años.
LIBRE, de conjunto con el Movimiento Estudiantil Universitario, había organizado una marcha pública hasta Toncontín con el lema "Aquí nadie se rinde", pero el Gobierno desplegó a las fuerzas para impedir la manifestación.
La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional cerró desde las 08:00 hora local (14:00 GMT) y la medianoche (06:00 GMT) todos los accesos a la terminal aérea.
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Zelaya, electo democráticamente en 2005, fue sacado de forma violenta de su casa y trasladado a Costa Rica en la madrugada del 28 de junio de 2009, después que el Ejército recibiera una orden de la Corte Suprema de Justicia para arrestarlo.
Los gestores del golpe de Estado alegan que Zelaya, enfrentado con el Congreso y la Corte Suprema, promovía una reforma constitucional para buscar la reelección, lo cual fue desmentido por el entonces presidente.
"La conspiración trasnacional que culminó con la ruptura del orden constitucional y mi derrocamiento es el mayor acto de corrupción y asociación ilícita de políticos, militares, diplomáticos, empresarios, religiosos y organismos de inteligencia para asegurar negocios, concesiones y el capital de sus grandes corporaciones privadas", aseguró Zelaya en la reciente presentación de un libro sobre el golpe.
El décimo aniversario del golpe de Estado contra Zelaya tiene lugar después de dos meses de protestas contra el Gobierno de Hernández, a quien tildan de "usurpador" y "dictador" por una reelección marcada por denuncias de fraude.
Hernández ordenó al Ejército sumarse a las acciones policiales para mantener el orden en las calles hondureñas, decisión criticada por organismos internacionales, sobre todo tras una represión que ha dejado tres muertes en las dos últimas semanas.
