Esa instancia de expertos independientes ratificó desde la sede de la ONU en Ginebra "su llamado a la liberación incondicional Daniel García y Reyes Alpízar, en prisión preventiva tras 17 y 16 años y medio de detención, respectivamente".
Ambas personas habrían sido detenidos "sin una orden arresto y no fueron llevados sin demora ante un juez", dijo Leigh Toomey, vicepresidenta del Grupo de Trabajo.
El proceso también estuvo viciado porque "no se respetó la presunción de inocencia y fueron presuntamente sometidos a torturas, con el propósito de extraer de ellos confesiones o declaraciones incriminatorias".
Ese opinión Grupo de Trabajo de la ONU fue transmitida al Gobierno de México, por primera vez, el 2 de octubre de 2017.
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El 13 de abril de 2018, esa instancia internacional solicitó al Gobierno federal mexicano información sobre las medidas adoptadas para implementar la petición.
Dos recursos de apelación en marcha revisan si es legal una negación de medidas alternativas a la prisión preventiva.
El Grupo de Trabajo recordó que la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), en su Resolución 60/251, decidió que los estados que sean miembros elegidos al Consejo de Derechos Humano, como México, "deberán aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos".
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El uso de la tortura parece "endémico" en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de Libertad 2016, la más reciente de su tipo, basada en entrevistas con 64.150 presos en 338 cárceles mexicanas.
Un 64% de los reclusos entrevistados dijo haber sufrido violencia física durante el arresto, 35% denunció haber sido sometido a la asfixia simulada, a 52 se le amenazó con la presentación de falsos cargos y 28 informó de amenazas contra sus familiares.
