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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — México dio un giro abrupto tras el acuerdo migratorio con EEUU, desde una política exterior de puertas abiertas y respeto a los derechos de la movilidad humana, hacia una estrategia de seguridad nacional, dijo Michael Chamberlin Ruiz, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

    "La política exterior ha dado un vuelco hacia el viejo enfoque de seguridad nacional, ejecutada con una operación de gran escala de una recién creada corporación, la Guardia Nacional (GN), que aún carece de los protocolos de actuación y recién existe con militares del ejército y la marina", señaló el experto de derecho internacional humanitario.

    Asegura que las autoridades federales cambiaron de rumbo el 7 de este mes tras firmar en Washington el acuerdo para evitar la imposición de aranceles escalonados a las exportaciones a EEUU, del 5 al 25% entre junio y octubre.

    "Con la orden de desplegar 6.000 guardias nacionales a la frontera sur comenzaron las redadas, se instalaron retenes y fueron arrestadas incluso personas con documentos en proceso de aceptar refugio, asaltaron los hoteles y los indocumentados fueron llevados a resguardo de la Estación Migratoria Siglo XXII", cerca de la frontera con Guatemala, relata el experto con base en informes al organismo.

    En el operativo, según reportes que llegaron a la CNDH, "las unidades trabajan en cinturones, el primero formado por agentes civiles de migración; el segundo anillo está formado por uniformados de la Policía Federal; y el tercer cerco lo cierra la nueva GN, mientras toman control de las rutas estratégicas de la frontera a los estados del sureste", describió.

    De las causas a la contención

    Antes de esa fecha, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó su sexenio en diciembre pasado, trató de eludir el enfoque punitivo, y comenzó a pregonar su estrategia de atacar la violencia y la pobreza como causas de la migración.

    El asesor del Centro Diocesano para Derechos Humanos Fray Juan de Larios dijo que "hubo un momento del nuevo Gobierno en que había una política de puertas abiertas, con los mismos flujos, pero recibidos con mayor serenidad, con más colaboración de las autoridades migratorias, con voluntad de socorrer a los migrantes".

    El Gobierno de México incluso diseñó con asesoría de la Comisión Económica de América Latina un plan en el que se comprometió a invertir entre 5.000 y 6.000 millones de dólares anuales en la zona fronteriza con Guatemala y Belice y comenzó a promoverlo en la Casa Blanca, y Alemania, con planeas de acudir a Canadá, Japón y la Organización de las Naciones Unidas.

    "De pronto, el ambiente se exacerbó en el sur" cuando creció el flujo en forma exponencial, fueron cerrados la Casa del Migrante y la estación de la autoridad migratoria en la fronteriza Tapachula, y las cosas comenzaron a salirse de control", explica el especialista.

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    El jueves, el consejo consultivo de la CNDH, conformado por 10 destacadas personalidades, entre ellas Chamberlain, dijo que tras los acuerdos de Washington, López Obrador basa "la estrategia migratoria en la seguridad y no en el respeto a la dignidad de las personas y los principios de igualdad y no discriminación".

    Y los más delicado de esa apuesta es enviar al terreno a un cuerpo que oficialmente solo debe comenzar a operar en todo el país el 30 de junio, es que "no existe aún una claridad en sus objetivos, límites a su intervención y protocolos de actuación".

    El debate llega al Congreso

    El compromiso de contención firmado con EEUU "sacrificó una política de seguridad humana enfocada en los pactos internacionales sobre migración a convertirse en tema de seguridad nacional", lamenta Chamberlain.

    Mientras que el presidente de EEUU, Donald Trump, esgrime un supuesto compromiso secreto, el canciller Marcelo Ebrard envió al Congreso un informe en el que señala que tras bambalinas la Casa Blanca quiso imponer a México un acuerdo para convertirlo en un "tercer estado seguro", donde los migrantes sean contenidos sin opción a solicitar asilo en EEUU.

    Chamberlain afirma que entre los 45 días para comenzar una evaluación y los 90 a partir de la firma para nuevas medidas, la discusión se trasladará al Congreso de México.

    Allí entrarán a jugar actores, como el cabildeo de las organizaciones civiles que tendrán un nuevo e inusitado aliado: el presidente del Congreso, líder de la bancada del oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Porfirio Muñoz Ledo, que se convirtió en la primera voz disidente en el oficialismo.

    "No podemos ser el 'tercer país seguro', eso significaría estar enjaulados, la migración es un derecho humano y son los congresos los que evitan convenios lesivos para sus países", dijo el miércoles desde el presídium el tribuno y decano de los legisladores, de 85 años.

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    Muñoz anunció que comenzará a promover una reforma constitucional sobre migración "apegada a los derechos humanos y principios de tratados internacionales".

    El jueves redobló su postura y dijo que "aceptar las medidas de EEUU es una traición a la historia de México, con una mentalidad de país colonizado", al colocar a la GN "como muro mexicano en la frontera sur".

    Lamentó incluso la actitud del canciller Marcelo Ebrard en las negociaciones: "desde el saludo, todo cuenta en diplomacia, hay que ser muy firmes y muy serios, he visto fotos de este funcionario que saluda casi hasta el piso".

    "La Guardia Nacional fue creada para combatir delincuentes no para detener a migrantes", sentenció este jueves Muñoz Ledo en su aguda controversia con sus propios correligionarios en el Gobierno.

    El presidente de EEUU, Donald Trump, retiró la amenaza de imponer aranceles graduales a las importaciones procedentes de México desde el lunes, de cinco hasta 25%, entre junio y octubre, luego de que México se comprometiera a tomar medidas para contener la migración en su frontera sur.

    Entre las acciones está el despliegue de 6.000 efectivos de la nueva Guardia Nacional en la frontera sur para controlar y ordenar la entrada de centroamericanos.

    El 7 de junio López Obrador afirmó que la misión de la Guardia Nacional será frenar el flujo migratorio, dado que deben hacerlo por ley, que se respeten los derechos humanos y se atienda el problema de fondo, la falta de trabajo y oportunidad en los países centroamericanos.

    Etiquetas:
    seguridad nacional, derechos humanos, migrantes, EEUU, México
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