"Concédase amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional, a partir del 18 de abril del 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley", reza el artículo inicial de la normativa, citado por el portal oficialista 19Digital.
El anteproyecto fue presentado el 7 de junio con carácter de urgencia por los 70 diputados del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), tras un proceso de debate y discusión con 14 legisladores de los demás grupos parlamentarios.
Castro enfatizó que el propósito es "seguir por el camino de la paz, por el camino de la reconciliación y que solo puede ser a través del perdón", aunque admitió que al partido le duele amnistiar a "asesinos confesos de policías y a torturadores".
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La diputada oficialista María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, consideró que quienes se oponen a esta iniciativa se oponen también a la reconciliación y el desarrollo socio-económico del país.
Según el texto, la amnistía abarca incluso a quienes aún son investigados o cumplen sentencias, por lo que las autoridades deberán cerrar los procesos administrativos y penales iniciados, los reos serán liberados y serán cancelados los antecedentes penales de las personas beneficiadas.
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La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia reiteró su renuencia al diálogo hasta la total liberación de lo que consideran "presos políticos".
"Esta Ley de Amnistía constituye un obstáculo para un verdadero proceso de justicia transicional en Nicaragua, a la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos en este contexto y generaría impunidad", advirtió en un comunicado el grupo dedicado a la defensa de derechos humanos y constitucionales.
Una Mesa de Negociación instalada a inicios de marzo entre el Gobierno y la Alianza acordó en abril pasado la excarcelación en menos de 90 días de todos los opositores detenidos en el marco de las protestas antigubernamentales de 2018, y para ello solicitaron y tuvieron el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
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El proceso de negociaciones, interrumpido unilateralmente en varias ocasiones por la Alianza Cívica alegando una falta de voluntad política del Gobierno, contó con el acompañamiento del Vaticano y de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Entonces fue convocado un diálogo nacional auspiciado por la Iglesia Católica, que se suspendió dos meses después.
Las negociaciones se retomaron este año y el Gobierno dijo el pasado 9 de abril que mantenía reuniones informales con los delegados de la Alianza, tras culminar oficialmente el diálogo a principios de mes sin alcanzar consenso en puntos medulares de su agenda.
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El nuncio apostólico Waldemar Sommertag y el enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, actúan como testigos y acompañantes internacionales de las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza para superar la crisis.
