"A Perú lo tenemos en el Grupo de Lima diciendo que no reconoce al régimen de (Nicolás) Maduro; sin embargo ahora saca una medida en la que pide que entren los ciudadanos venezolanos con documentos que sean apostillados por ese mismo régimen que no reconocen. Es contradictorio", afirmó Vidal, abogada de profesión.
Las visas de turista se pueden tramitar en cualquier consulado de Perú en el extranjero, mientras las visas humanitarias se pueden obtener en los consulados ubicados en Venezuela, Colombia y Ecuador.
Pero para extender una visa de turista, Perú exige documentos apostillados por el Gobierno de Venezuela, en particular el certificado de antecedentes penales.
Y en cuanto a los nuevos trámites que se requieren para obtener una visa humanitaria antes de ingresar al territorio peruano, las autoridades no los han informado, dejando a los migrantes venezolanos en la incertidumbre, según Vidal.
La cesión de una visa humanitaria se manejó desde que estalló la crisis de emigración en Venezuela de la siguiente forma: "llega un venezolano a Perú, pide que se reconozca su calidad de refugiado, se revisa su caso y se le otorga una visa de carácter humanitario", explicó Vidal.
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La CNDDHH obtuvo en octubre del año pasado un pedido de hábeas corpus contra el Ministerio del Interior cuando éste quiso exigir a los venezolanos la presentación de pasaporte para ingresar a Perú.
Pero el fallo judicial favorable a la CNDDHH fue apelado por el Ministerio del Interior, que ganó la batalla en segunda instancia, y ahora se encuentra a estudio del Tribunal Constitucional.
"Nuestro hábeas corpus busca que se asegure el derecho a la libertad de tránsito de las personas que huyen de Venezuela, y la puerta de acceso que significa este derecho para otros como el acceso a la educación, a la alimentación", explicó Vidal.
Pero mientras ese asunto está aún en debate en la justicia, el Gobierno peruano introduce la obligatoriedad de las visas con lo que, según Vidal, comete nuevamente una contradicción, pues de manera paralela lidera la pretensión de denunciar a la administración de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI).
"Si Perú va a liderar una denuncia ante la CPI por crímenes del régimen de Maduro, crímenes que pueden incluir la persecución de personas, entonces ¿cómo va cerrar las puertas a esas personas que están perseguidas? Es como decirle a ese perseguido: te voy a exigir un documento de ese Gobierno al que yo no reconozco y al que inclusive voy a denunciar", expuso la abogada.
En los últimos meses, encuestas de opinión pública reflejan un crecimiento de la idea de que la inmigración lleva consigo un aumento de la delincuencia y la inseguridad.
"Exigir visas no va generar una mayor percepción de seguridad porque hace cuatro años, cuando aún no teníamos el fenómeno de la migración venezolana, la sensación de inseguridad era igual a la de ahora, según las encuestas", dijo Vidal.
En su opinión, "este uso perverso que se está dando a la inseguridad ciudadana no tiene datos en los que basarse", sostuvo.
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Por otro lado, Vidal se refirió a cuestiones fácticas que revelarían la inutilidad de la medida del Gobierno.
Al tratarse de una "crisis humanitaria", los migrantes venezolanos "van a seguir ingresando igual", usando métodos ilegales que solo conseguirán generar inseguridad interna, describió.
En estas circunstancias, a los venezolanos solo les queda como alternativa solicitar refugio, un trámite cuyo otorgamiento tiene un plazo "indefinido".
Para la activista, Perú está levantando una "muralla virtual" a los venezolanos que huyen de su país.
Unos cuatro millones de personas salieron de Venezuela desde 2015, cuando se agravó la crisis económica y política de ese país, dijeron el viernes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Los países que acogen a la mayoría de los venezolanos son Colombia con 1,3 millones, seguido por Perú, con 768.000, Chile 288.000, Ecuador 263.000, Argentina 130.000 y Brasil 168.000, además de México y países de América Central y el Caribe, con cifras menores, según el informe de Acnur y OIM.
Datos de las autoridades migratorias peruanas indican que se encuentran residiendo en este país cerca de 850.000 venezolanos.
