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    Guardia Nacional de México

    Envío de guardias al sur de México agravará crisis humanitaria de migrantes

    © REUTERS / Jose Torres
    América Latina
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    Por Víctor Flores García
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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El despliegue de 6.000 efectivos de la nueva Guardia Nacional (GN) en la frontera sur de México empeorará la crisis del éxodo centroamericano, dijo la defensora de derechos de los migrantes Melissa Vértiz, quien acaba de realizar una investigación en la zona.

    "Cerrar la frontera sur para garantizar el control migratorio es una moneda de cambio para evitar la imposición de aranceles a las importaciones de productos mexicanos a EEUU que agravará la crisis humanitaria en la frontera sur", dijo Vértiz, que esta semana presentó un informe sobre la situación en la franja fronteriza con Guatemala.

    La decisión de un mayor despliegue militar y policial se sumaría a operaciones de contención que ya comenzaron en la zona mexicana limítrofe con América Central, "lo que confirma el vínculo que hay entre el enfoque de seguridad nacional de la nueva a estrategia de seguridad pública, en vez de aplicar una verdadera política humanitaria de acogida, integración y protección de los derechos de los migrantes", subrayó la experta.

    Vértiz, secretaria técnica de la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano, deploró que el Gobierno de México "defienda intereses económicos y comerciales a cambio de la libertad, la seguridad y la dignidad de las personas solicitantes de protección internacional" y que huyen de la violencia y la miseria.

    La Misión de Observación es una red conformada por 24 organizaciones de México, América Central y EEUU.

    "México tiene la obligación de actuar con base en los compromisos internacionales", comentó.

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    Uno de esos compromisos es el Pacto Mundial de Migraciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se suscribió en diciembre pasado en Marruecos.

    "Ninguna negociación debe colocarse por encima de lo que la sociedad civil ha defendido durante años: que no se debe criminalizar a los migrantes ni a los defensores de derechos humanos", dijo la especialista.

    Autoridades federales detuvieron esta semana a dos dirigentes de la organización Pueblos Sin Frontera y acusaron de lavado de dinero a 26 presuntos traficantes de personas y organizadores de caravanas de centroamericanos, a quienes se les congelaron sus cuentas bancarias.

    El despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional que comenzará a operar oficialmente el 30 de junio, fue anunciado la noche del jueves en Washington por el canciller Marcelo Ebrard y respaldado este viernes por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

    "Militarización" de la frontera

    En el anterior Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los defensores de derechos humanos denunciaron ante foros interamericanos y de la ONU que México había "militarizado" la frontera sur con la llamada "operación tapón".

    "Si antes el tema estaba vinculado con la seguridad nacional, ahora ese enfoque se fortalece con una nueva corporación militarizada, que tendrá atribuciones para resguardo de las estaciones de autoridades migratorias, la verificación del estatus de extranjeros y su detención", dijo Vértiz.

    La experta relató que entre los principales hallazgos de la misión humanitaria que encabezó, se documentaron numerosos puestos de control fronterizo instalados con fuerzas federales, militares y marinos.

    Los observadores también identificaron "prácticas racistas y xenófobas que discriminan a grupos específicos" en esas operaciones, dijo Vértiz.

    Es cierto que el Gobierno ha intentado un nuevo enfoque a las causas del fenómeno.

    En semanas pasadas, el canciller Ebrard realizó giras por EEUU y Alemania para presentar un plan de desarrollo integral para Centroamérica y el sureste mexicano, dotado con al menos 30.000 millones de dólares en cinco años, diseñado con la Comisión Económica para América Latina (Cepal), cuando sufrió dos plantones del secretario de Estado, Mike Pompeo, en Washington.

    A contrapelo del discurso del Gobierno de López Obrador, "esta concesión de fortalecer el control militarizado en la frontera sur responde a las presiones" del presidente de EEUU, Donald Trump, "que le impuso a México la exigencia de cerrar su frontera con Centroamérica", puntualizó Vértiz.

    La nueva Guardia Nacional entrará oficialmente en funciones el 30 de junio próximo con los primeros 80.000 efectivos.

    "Será una policía militar que participará en operativos de control migratorio, sin que tengan claridad sobre sus funciones y facultades, mientras que se recrudece la detención de migrantes como estrategia de desgaste, control y disuasión" hacia la población centroamericana, lamentó la experta.

    En abril y mayo de 2019 aumentaron casi 70% las deportaciones, comparadas con el año pasado, según cifras oficiales.

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    López Obrador dijo este viernes que la misión de la Guardia nacional será frenar el flujo migratorio, dado que "tenemos por ley que hacerlo, que se respeten los derechos humanos y se atienda el problema de fondo, la falta de trabajo y oportunidad en los países centroamericanos". 

    Las autoridades migratorias mexicanas informaron en Washington que, en seis meses (diciembre a mayo 2019), deportaron a más de 80.000 indocumentados.

    Esa cifra global no detalla que, mientras en diciembre, primer mes del sexenio de López Obrador, fueron deportados poco más de 5.700 personas, en mayo fueron más 15.500 deportaciones.

    EEUU sostuvo que solo en mayo arrestó en su frontera sur a más de 130.000 indocumentados.

    Vértiz también expresó preocupación de que México acepte convertirse en un "tercer país seguro" para que EEUU deporte hacia aquí a centroamericanos y de otras nacionalidades mientras tramita sus solicitudes de asilo.

    De hecho, México reconoció dos días antes de comenzar las tratativas con EEUU que ha acogido a casi 9.000 "retornados de EEUU", mientras esperan audiencia ante tribunales de inmigración.

    Otros 20.000 indocumentados esperan hacer su solicitud en algún punto de la frontera norte.

    Finalmente, las solicitudes de refugio en México crecen sin parar.

    En todo 2018 poco más de 26.500 personas solicitaron ese estatus; pero en los seis meses del nuevo Gobierno recibió casi 25.000 solicitudes.

    Etiquetas:
    migrantes, Guardia Nacional de México, fronteras, México
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