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    Iván Duque, presidente de Colombia

    Gobierno de Colombia afirma que sancionará pronto la norma que regirá al tribunal de paz

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    BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, sancionará en las próximas horas la ley estatutaria que regirá a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz), afirmó este jueves la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, informó la prensa local.

    "En las próximas horas el presidente sancionará el proyecto, ya está listo, ya lo firmamos los ministros y solo falta la firma del presidente", dijo Gutiérrez, publicó el diario local El Nuevo Siglo.

    La ley estatutaria es la norma que establece mecanismos claros a la JEP para que haga seguimiento a los casos relacionados con el conflicto armado y pueda evaluar si los comparecientes aportan a la verdad plena, a la reparación de las víctimas y ofrecen garantías de no repetición.

    La Corte Constitucional de Colombia ordenó el 29 de mayo a Duque que sancione la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, luego de que ese alto tribunal consideró que las objeciones que presentó el Gobierno a la norma fueron derrotadas en el Senado.

    En la plenaria del Senado del pasado 2 de mayo la votación fue suficiente para determinar que se cayeran las objeciones planteadas por el Gobierno.

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    Por su parte, Gutiérrez sostuvo que el Gobierno insistirá en que algunos temas de la ley estatutaria sean revisados a pesar de que las propuestas hechas por el mandatario fueron rechazadas en el Congreso.

    Gutiérrez dijo que en los próximos días se retomarán los contactos con diferentes partidos políticos para buscar un consenso que permita impulsar las reformas a la JEP, publicó el diario El Espectador.

    El 10 de marzo, Duque anunció la objeción a seis de los 159 artículos que componen la ley estatutaria de la JEP por considerarlos inconvenientes, ya que no garantizarían de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del conflicto armado.

    El jefe de Estado buscaba con esas objeciones que se aclarara la manera cómo los victimarios deben reparar a las víctimas, que el Alto Comisionado para la Paz fuera el encargado de verificar quiénes son las personas que participan en el proceso de desmovilización, y que se definiera en qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la justicia ordinaria.

    Asimismo, las objeciones buscaban que los delitos de lesa humanidad no pudieran ser juzgados por la justicia transicional, que se precisara el proceso de extradición de personas por conductas posteriores a la firma del Acuerdo de Paz, firmado por la exguerrilla Fuerzas Armadas de Colombia y el Gobierno en noviembre de 2016, y que no se condicionara la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término.

    Sin embargo, varios sectores sociales y políticos indicaron que con las objeciones el Gobierno intentaba dilatar y entorpecer la implementación del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC (hoy convertida en partido político de izquierda) y restarle competencias al tribunal de paz, creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes, militares y terceros que financiaron el conflicto.

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