"Es la voluntad del demandando de no posesionarse, aunado a que según se demostró en precedencia entregó su esquema de seguridad también de manera voluntaria, abandonó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) al que estaba inscrito", señaló la representante de la Procuraduría, según la emisora local Caracol Radio.
"Se evidencia que no hubo razones imprevisibles ni irresistibles, más aún cuando no acompañó tal manifestación pública de prueba alguna que sustentara y evidenciara la incidencia que tenía esto en su posesión en el Congreso de la República", agregó.
El exguerrillero fue demandando por la Mesa Directiva del Senado y por el ciudadano Daniel Silva, quien asegura que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz) no reportó ninguna amenaza en su contra.
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"Está el oficio de la JEP donde dice que efectivamente ellos no han tenido conocimiento de faltas de seguridad y de garantías del demandado y que posteriormente tampoco ha comparecido a las audiencias en las que la JEP ha convocado", aseguró la Procuraduría.
En virtud del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016, el partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC, surgido tras la disolución de la guerrilla) obtuvo 10 escaños en el Congreso (cinco en la Cámara y otros cinco en el Senado), lo que dio vía libre a Márquez para obtener un escaño en esa corporación.
Márquez, quien fue jefe de la delegación de paz en los diálogos de La Habana, permanecía en un ETCR en el municipio de Miravalle (Caquetá, centro), pero abandonó el lugar a mediados de 2018 tras aducir persecución por parte de militares y desde entonces se desconoce su paradero.