"Al no haberse establecido la responsabilidad internacional del Estado, no procede pronunciarse sobre reparaciones, costas y gastos", dice el texto de la sentencia firmado el 13 de mayo y divulgado por la Corte-IDH.
La Corte-IDH recibió el caso elevado por la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) a raíz de la supuesta desaparición forzada y torturas de los líderes del movimiento político Patria Libre, quienes reclamaron además reparaciones por más de 100 millones de dólares.
La denuncia presentada a la CIDH indica que Arrom y Martí fueron detenidos de manera arbitraria por la policía el 17 de enero de 2002, secuestrados por agentes estatales durante dos semanas y sometidos a torturas hasta que fueron hallados por sus familiares; en diciembre de 2003 ambos obtuvieron el estatus de refugiados en Brasil.
Los dos hombres y Víctor Colman fueron procesados por secuestro y extorsión en Paraguay y actualmente están prófugos y en calidad de refugiados en Brasil.
Para la CIDH, el estado paraguayo violó varios artículos de las convenciones americanas sobre derechos humanos, desaparición forzada y prevención de la tortura.
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En cambio la Corte-IDH encontró que el Estado paraguayo no fue omiso en investigar la denuncia de secuestro y torturas, que en la investigación judicial no se probó la responsabilidad de los agentes estatales denunciados y que por tanto no se probó la responsabilidad internacional de Paraguay.
El canciller paraguayo Luis Castiglioni celebró en Twitter el fallo.
"¡La justicia prevaleció! La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó TODAS las pretensiones de Juan Arrom y Anuncio Martí contra el Paraguay. ¡Es un triunfo de todo el pueblo paraguayo!", sostuvo Castiglioni.
Con esta sentencia del sistema interamericano, el caso queda archivado.
