“El presidente de la República no está habilitado constitucionalmente para imponer al Poder Legislativo la aprobación del contenido o alcances de una ley de reforma constitucional, por ser aquella una norma de rango constitucional”, afirmó el titular del Tribunal Constitucional.
De estos cinco proyectos, dos suponen cambios a la Constitución y son el que prohíbe postular a cargos públicos a personas procesadas por delitos graves, y el que propone que la inmunidad parlamentaria sea retirada por mandato de la Corte Suprema y no por decisión del Congreso.
"En un sistema constitucional todos debemos respetar las competencias que tiene cada órgano del Estado que es autónomo e independiente. No se puede ni se debe imponer las cosas, sobre todo reformas que tienen que ver con el cambio constitucional", indicó Blume.
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Sin embargo, los demás miembros del Tribunal Constitucional advirtieron que las opiniones de Blume eran a título personal y no reflejaban la posición oficial y consensuada del cuerpo.
El jueves el primer ministro formalizó el inicio del mecanismo y el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, fijó para el martes próximo la celebración del pleno en el que se discutirán los proyectos bajo la cuestión de confianza.
Ese día, el primer ministro comparecerá ante los congresistas para explicar y justificar los motivos que hacen necesaria la aprobación de los proyectos de ley que el parlamento ha ignorado hasta ahora.
El primero establece que el retiro de la inmunidad parlamentaria sea potestad de la Corte Suprema de Justicia y no del mismo Congreso, como sucede actualmente.
El segundo prohíbe que personas condenadas por delitos graves puedan postularse a cargos públicos.
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El tercero prohíbe el uso de dinero ilícito en el financiamiento de las campañas electorales mediante un sistema estricto de fiscalización.
La cuestión de confianza es un mecanismo constitucional según el cual en el mismo mandato presidencial el Ejecutivo exige respaldo al Congreso sobre una política pública y este se lo niega por segunda vez, el jefe de Estado puede disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas.
En el presente mandato, el Congreso ya se vio abocado a una cuestión de confianza en 2017, que negó al Poder Ejecutivo, obligando a la renuncia del primer ministro y del gabinete.
Una segunda negativa, en este caso a aprobar los cinco proyectos, podría facultar a Vizcarra a disolver el Congreso.
El Poder Ejecutivo espera que la aprobación de la reforma política se lleve a cabo antes del 15 de junio, fecha en la que finaliza la presente legislatura.
