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La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordena libertad de 'Jesús Santrich'

© REUTERS / Juan Barreto'Jesús Santrich', exguerrillero colombiano
'Jesús Santrich', exguerrillero colombiano - Sputnik Mundo
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BOGOTÁ (Sputnik) — La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la libertad del exguerrillero y legislador 'Jesús Santrich' (Seuxis Paucias Hernández Solarte) pues la inmunidad parlamentaria que lo ampara deja sin competencia a los funcionarios que decidieron su detención y procesamiento.

"Si, en el presente caso, el Consejo Nacional Electoral reconoció el nombramiento de Seuxis Paucias Hernández Solarte como congresista y, además, el Consejo de Estado negó la pérdida de tal investidura a pesar de no posesionarse en la fecha indicada (debido a razones ajenas a su voluntad), se desconocería la dignidad del cargo que la persona conlleva al permitir que autoridades diferentes a la Corte Suprema de Justicia puedan investigarlo, juzgarlo o afectarlo con medidas restrictivas de la libertad, sin importar que las conductas que se le atribuyan no tengan relación alguna con las funciones", dice el fallo por unanimidad adoptado por la Sala de Casación Penal del máximo tribunal.

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El dictamen agrega que "sería entonces contrario a los derechos fundamentales del aforado constitucional mantenerlo privado de la libertad, cuando aquellos se han desconocido. Por eso, se impone otorgarle la libertad. Esta decisión es una de las manifestaciones del control constitucional que tienen que ejercer todos los administradores de justicia".

La Sala de Casación ordenó envío inmediato del expediente por narcotráfico en contra de Santrich a la Sala Especial de Instrucción de la Corte para su juzgamiento.

Así la Corte pone fin a una contienda de competencias que había planteado la defensa de Santrich cuando una jueza ordinaria le abrió investigación por delitos de narcotráfico de los que está acusado por la Аiscalía y por EEUU, que además lo reclama en extradición.

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Santrich, quien permanecía en la cárcel La Picota desde abril de 2018 en el marco de un proceso de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, recibió el miércoles 15 de mayo el beneficio de garantía de no extradición y su libertad inmediata por parte de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de justicia transicional).

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Sin embargo, dos días después, el 17 de mayo, aún permanecía detenido en La Picota, por lo que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad inmediata, pero cuando salía del lugar junto a sus abogados y personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario fue detenido por agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la fiscalía.

"Como producto de la cooperación judicial internacional" se incorporaron "nuevas evidencias y elementos de prueba que dan cuenta con claridad de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las presuntas conductas de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y narcotráfico atribuidas a Hernández Solarte", indicó entonces la fiscalía.

Santrich fue regresado a la cárcel y subido a un helicóptero que lo trasladó hacia las instalaciones de la Fiscalía General, en cuyos calabozos permanece desde entonces.

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El sábado 18 de mayo una jueza de control de garantías de Bogotá legalizó la detención de Santrich, pero cuando tenía previsto confirmar los cargos de narcotráfico y concierto para delinquir la defensa del exguerrillero la objetó como no competente para juzgarlo, en virtud de sus fueros parlamentarios.

El acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 otorgó al partido FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, surgida tras la disolución de la guerrilla) 10 escaños en el Congreso (cinco en la Cámara y otros cinco en el Senado), lo que permitió a Santrich a participar en las elecciones de marzo de 2018 en las que fue elegido diputado.

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Un mes después fue detenido por la fiscalía a solicitud de Estados Unidos, y no pudo asumir su escaño el 20 de julio de 2018.

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La Sala Plena del Consejo de Estado, máximo tribunal contencioso administrativo del país, confirmó el martes que Santrich mantiene su investidura como diputado, pues no pudo tomar posesión de su escaño por razones de fuerza mayor.

Santrich, quien participó en los diálogos de paz de La Habana, es señalado por la fiscalía de Colombia y la justicia de Estados Unidos de un supuesto acuerdo con el mexicano Cartel de Sinaloa para exportar 10 toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares.

Los presuntos delitos habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la ahora extinta guerrilla FARC en noviembre de 2016, por lo que no podrían ser considerados crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, sobre los que entiende la justicia transicional de la JEP.

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