El caso, registrado el martes 21 de mayo en la localidad de San Miguel del Monte (provincia de Buenos Aires), cambió su carátula en las últimas horas, luego de que la autopsia practicada a uno de los jóvenes fallecidos arrojara que había sido impactado en un glúteo por una bala de arma reglamentaria policial.
En un primer momento, la Policía adujo que los jóvenes murieron en un accidente de tránsito. Sin embargo, el hallazgo de la bala en el cuerpo de uno de los fallecidos y las imágenes de las cámaras de seguridad hicieron que la Fiscalía cambiara su visión del caso y comenzara a investigar a los tres policías que los perseguían por falsificar las actas del hecho.
"El término abuso queda un poco chico. Es un clarísimo caso de gatillo fácil. Un fusilamiento con el agravante de que estamos hablando de cinco jóvenes de los cuales cuatro tenían entre 13 y 14 años y el único mayor tenía 22", denunció Verdú.
La integrante de Correpi, que está asistiendo a las familias de los fallecidos en la causa judicial que investiga lo sucedido, aseguró que "no hay ninguna duda de que la Policía disparó".
Mientras continúan las pericias a los restos del FIAT 147, las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona mostraron "a un efectivo policial asomando medio cuerpo por la ventanilla del patrullero y disparando a mansalva contra el automóvil".
En la misma línea, enfatizó que los jóvenes "no estaban cometiendo ningún tipo de agresión contra nadie y mucho menos contra el personal policial".
Según la información con la que cuenta Correpi, fueron los disparos los que hicieron que el vehículo perdiera el control e impactara contra el camión y no la "falta de experticia" aludida por los propios policías en la actas del incidente que presentaron en un primer momento.
Verdú, abogada de profesión, estimó que además de la 'falsificación ideológica' que implica incluir datos falsos en el acta del hecho, los policías incurrieron en "un homicidio calificado por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad en servicio".
La activista consideró que el episodio se enmarca en una escalada de violencia policial que se registra en toda Argentina desde el inicio del Gobierno de Mauricio Macri en 2015. Al respecto, mencionó un informe presentado en marzo por Correpi en el que, a partir de datos oficiales y de prensa, se concluye que "en los primeros tres años del Gobierno de Cambiemos hubo una muerte cada 21 horas en manos del aparato represivo estatal".
Esas muertes, dijo Verdú, se dividen entre "fusilamientos en la vía pública" o asesinatos dentro de lugares de detención.
"Los jóvenes constituyen el grueso de las víctimas. Del archivo surge con claridad que el segmento de 15 a 25 años va a la cabeza en la cantidad de víctimas en la calle y en los centros de detención. Si solamente atendemos los casos de gatillo fácil, la franja de 15 a 17 años es la que tiene la mayoría de las muertes", advirtió.
Verdú sostuvo que desde 1983, cuando Argentina retomó la democracia, hubo un "respaldo político de todos los gobiernos" hacia la violencia policial, "expresado en que en el 90% de los casos de gatillo fácil la defensa [de los acusados] la asumieron abogados de los ministerios de Seguridad o el área correspondiente".
Sin embargo, sostuvo la activista, en el Gobierno de Mauricio Macri "ese aval pasa a ser una promoción pública y directa, utilizada incluso como herramienta de campaña en un año electoral".
La activista recordó el peso que ha tenido en ese sentido la 'doctrina Chocobar', término con el se denominó a la voluntad de la gestión de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de flexibilizar las limitaciones a la actuación policial, a partir del caso en que el policía Luis Chocobar quedó libre luego de disparar y matar a un joven que robó y apuñaló a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca, en 2018.
"La 'doctrina Chocobar' no es otra cosa que la legalización y legitimización del gatillo fácil. Así lo dijimos desde el primer instante y así quedó plasmado", sostuvo Verdú, haciendo referencia a la aprobación de la resolución 956/18 que amplió las circunstancias en que un policía puede utilizar su arma de fuego.
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Según Verdú, a partir de esa resolución los agentes quedaron habilitados para "disparar a personas desarmadas, por la espalda o personas que no generan riesgos para nadie".
Un principio que podría quedar plasmado en una reforma del Código Penal que ya tiene estado parlamentario y que Correpi considera "la gran pelea" que tendrá que dar en los próximos meses.
