20:54 GMT +315 Diciembre 2019
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    Un elemento de las Fuerzas Armadas frente al Palacio Nacional, en Ciudad de México. El uso del Ejército para tareas de policía recibió críticas de las diferentes organizaciones de derechos humanos.

    Justicia reconoce desaparición forzada de un joven por autoridades mexicanas

    © Sputnik / Eliana Gilet
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    El Poder Judicial determinó que Marco Antonio fue víctima de desaparición forzada por autoridades de Ciudad de México y del Estado de México. Concedió amparo al joven y su familia.

    El caso conmocionó al país. El  23 de enero de 2018 Marco Antonio Sánchez Flores, entonces de 17 años, fue arrestado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México en las inmediaciones de la estación El Rosario del Metrobús Azcapotzalco, norte de la capital.

    Durante cinco días no se supo nada de él. Tras movilizaciones y pedidos de justicia, el estudiante reapareció en en Tlalnepantla, a 30 kilómetros de donde había sido detenido. Estaba golpeado, con signos de tortura y llevaba ropa distinta a la que vestía la última vez que había sido visto.

    Hoy la Justicia dio un paso adelante en el caso al determinar que el adolescente fue víctima de desaparicón forzada y de violaciones a sus derechos humanos. Luego de realizar investigaciones exhaustivas decidió otorgarle protección a él y su familia mediante un amparo.

    "Las autoridades de la Ciudad negaron de forma intencional el acceso a la verdad y la justicia a Marco y su familia al no reconocer el hecho de desaparición forzada y traduciendo esto en forma de impunidad", dijo a Sputnik Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), una de las organizaciones que siguió el caso.

    El Tribunal señaló como responsables a autoridades policiales, ministeriales y judiciales de Ciudad de México y del Estado mexicano, incluidos los mismos oficiales que lo detuvieron y torturaron.

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    Las autoridades capitalinas negaban la detención arbitraria y minimizaban el hecho indicando que se trataba de otro "adolescente problemático". Las organizaciones defensoras denunciaron esta negativa, la de brindar información de su paradero, y la intención de sustraerlo de la protección de la ley y no presentarlo ante la autoridad competente.

    "Se negaban a investigar el caso como uno de desaparición forzada, bajo un argumento absurdo que era su reaparición. Con el amparo eso cambia, la sentencia le da solidez al argumento jurídico que dimos las organizaciones de defensa. De aquí en más los funcionarios señalados como responsables deberán ser investigados a partir del delito de desaparición forzada. Hasta ahora la carátula era de abuso de autoridad y los policías acusados fueron arrestados 36 horas", explicó el activista de derechos humanos.

    Después de lo sucedido Marco Antonio atravesó un proceso de recuperación "muy duro" y continúa "intentando tener una vida lo más normal posible, el daño fue muy alto".

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    Su caso no es uno aislado. Entre 2000 y 2017 en México desaparecieron 37.435 niñas, niños y jóvenes, según datos recolectados por la Redim. En personas menores de entre cero y 17 años, el total es de 6.025. En este grupo etario las que más desaparecen son mujeres, 63,8%.

    "[La de hoy] es una buena noticia en términos de mayor protección en los casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes. Es una oportunidad del Estado mexicano en su conjunto para reconocer los errores que tuvieron para poder afrontar la crisis de desaparición forzada que viven nuestros jóvenes", concluyó el director de Redim.

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    autoridades, desaparición forzada, México
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