En un comunicado conjunto, la Cancillería y el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, afirmaron que el Gobierno brasileño "buscará el diálogo con Amnistía Internacional y demás entidades de Derechos Humanos para demostrar que ninguna de las afirmaciones de la nota coincide con su actual política".
17 de mayo 2019, 22:59 GMT
"No se encontró ninguna evidencia de que las acusaciones se hayan fundamentado en datos o en eventos concretos", dice la nota del Gobierno brasileño.
No obstante, Amnistía Internacional cita medidas concretas, como los decretos que flexibilizan la tenencia y el porte de armas de fuego, la propuesta para modificar los supuestos en que un policía puede disparar a matar o el vaciado de competencias de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), el órgano gubernamental que debería encargarse de la política pública dedicada a los indígenas, entre otras.
