"La Corte Suprema de Justicia acepta las renuncias del fiscal Néstor Humberto Martínez Neira y de la magistrada Margarita Cabello Blanco; la Sala Plena pide terna al presidente Iván Duque para proceder a elegir nuevo jefe de la Fiscalía", indicó la Corte a través de la red social Twitter.
@CorteSupremaJ acepta las renuncias del fiscal Néstor Humberto Martínez Neira y la magistrada Margarita Cabello Blanco. #SalaPlena pide terna a @infopresidencia @IvanDuque para proceder a elegir nuevo jefe de @FiscaliaCol
— Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 21 мая 2019 г.
Martínez presentó su renuncia el 15 de mayo, luego de que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz) anunció que decidió no avalar la extradición a EEUU de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich', líder de la disuelta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Cabello presentó su renuncia como magistrada al día siguiente, luego de que Duque la nombró ministra de Justicia en reemplazo de Gloria María Borrero, quien era cuestionada por varios sectores políticos, entre ellos el partido de Gobierno, el derechista Centro Democrático, por su "pasividad" al frente de esa cartera de Estado.
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A su turno, y tras conocerse la renuncia de Martínez, la vicefiscal María Paulina Riveros también presentó su dimisión.
Por esa razón, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia, fue designado como fiscal general encargado mientras se elige uno nuevo de la terna que presente el presidente.
Quien resulte elegido solo podrá ocupar el cargo por un año, ya que en julio de 2020 vence el periodo que mantenía Martínez, por lo que entonces la Presidencia deberá presentar otra terna de la cual se escogerá al nuevo Fiscal General para un periodo de cuatro años.
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Las renuncias generaron una crisis institucional en el país derivada del caso Santrich, quien es señalado por la Fiscalía de Colombia y la justicia de EEUU de un supuesto acuerdo con el Cartel de Sinaloa (México) para exportar 10 toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares y que luego se venderían al detalle por hasta 300 millones de dólares en el mercado de destino.
La negativa de la JEP de extraditar al exguerrillero ha generado una tensión política interna que puede escalar a relaciones diplomáticas con EEUU, ya que existe un tratado de extradición entre ambos países que el tribunal de paz desconoció en su fallo.
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