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    Partidos mexicanos acuerdan en el Senado leyes reglamentarias de Guardia Nacional

    CC0 / Pixabay
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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — Líderes de los partidos representados en el Senado de México acordaron por unanimidad las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional sobre uso de la fuerza y registro de detenidos, que serán sometidas a votación del pleno, informó el titular de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta, Ricardo Monreal.

    "Hubo una actitud de buena fe, racional y constructiva, para un mejor marco normativo de la GN, indispensable para enfrentar el flagelo de inseguridad y violencia", dijo Monreal.

    Los coordinadores senatoriales de los partidos dieron así "luz verde" al dictamen que votará el pleno tras un debate en la tarde o noche de este 21 de mayo.

    Las leyes se refieren al uso de la fuerza y el registro de detenidos, ambas apegadas a criterios de respeto a los derechos humanos, según sus promotores.

    El acuerdo contiene también reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de funcionamiento interno de la GN, integrada por militares, marinos y policías federales.

    El único detalle de fricción se presentó en la formulación de la cadena de mando, para garantizar que sea 100% civil.

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    Esa es una de las principales objeciones de organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales y extranjeras, que reclaman colocar la responsabilidad máxima en la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza un civil, Alfonso Durazo.

    El mando de la nueva corporación la integran cuatro jefes, un delegado de la Defensa, otro de la Marina y otro de la Policía Federal, bajo la jefatura de un mando que ejercerá un militar en proceso de retiro.

    El comandante jefe del mando es Luis Rodríguez Bucio, 62 años, quien era hasta el 12 de abril presidente de la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ex comandante militar de la turística ciudad de Cancún (sudeste) y ex agregado militar en Alemania y Polonia, entre otros cargos.

    Para permitir la creación de la GN el Senado aprobó de forma unánime una reforma constitucional el 22 de febrero, y para el 7 de marzo esta ya había sido avalada por más de la mitad de las 32 legislaturas estaduales de la federación mexicana.

    Contenido de las leyes

    La Ley General de la Guardia Nacional contendrá instrucciones para coordinación y colaboración con otras instituciones, estructura jerárquica, disciplina, delitos, sanciones, ascensos, prestaciones sociales, ingreso y profesionalización, entre otras.

    Monreal afirmó que la Ley sobre Uso de la Fuerza establece todos los escenarios: desde una manifestación pacífica hasta una situación de excepción, así como la forma de actuar ante la violencia del crimen organizado.

    También regula la portación y uso de armas de fuego, "atendiendo a estándares y mejores prácticas internacionales", dijo el senador.

    El uso de la fuerza estará sujeto a principios de "legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad", indicó Monreal.

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    La ley de Registro de Detenciones contiene principios rectores, desde "el momento de realizar el registro de una persona detenida, el tratamiento de datos personales, preservando criterios para clasificar la información como reservada o confidencial", agregó.

    La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador
    © REUTERS / Servicio de prensa de Andrés Manuel López Obrador
    La GN, que debutó en las costas del estado de Veracruz (este) en abril pasado, brindará seguridad en su primer año a 150 regiones de las 266 que se crearán en todo el país, y comenzará a operar con 82.000 efectivos a mediados de 2019, con apoyo de policías militares, navales y federales.

    Un proceso de reclutamiento permitirá elevará su pie de fuerza a 250.000 guardias en 2023, un año antes de que concluya la presente administración federal, cuando vence el plazo para el retorno a sus cuarteles de los militares, que llevan 12 años combatiendo a la delincuencia en las calles.

    La guerra de las fuerzas armadas al crimen organizado ha costado más de 252.500 vidas desde 2006, más de 40.000 desaparecidos, 26.000 cuerpos sin identificar y 1.100 fosas clandestinas.

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    En los primeros cuatro meses del año se cometieron en este país 11.221 homicidios dolosos, lo que hace al período el cuatrimestre más violento, según datos divulgados el lunes por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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