"Se aprobó en general la ley que regula el financiamiento de los partidos político", informó la cámara baja en su cuenta de Twitter el 15 de mayo.
La nueva ley reforma la legislación 26.215 sobre financiamiento de los partidos políticos promulgada en 2007, en concreto el artículo 44 bis, que contemplaba como financiamiento privado el que realizase una persona física.
Además de autorizar el financiamiento empresarial en las campañas electorales, la legislación también obliga a que los aportes sean bancarizados, sea mediante una transferencia o un depósito, a fin de tener registro de la procedencia del dinero.
Como la anterior normativa, la actual ley prohíbe las donaciones anónimas o de entidades centralizadas o descentralizadas nacionales, provinciales o municipales.
Tampoco admite contribuciones de empresas contratistas de servicios u obras públicas o proveedores del Estado ni de empresas o sujetos que exploten juegos de azar, entre otros casos.
Organizaciones civiles como Fundación Sur Argentina, el Laboratorio de Políticas Públicas (LPP), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigaciones y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) entre otras entidades y académicos se opusieron a la normativa.
La nueva legislación, que además se aprueba en un año electoral, "genera incentivos para que los representantes políticos busquen beneficiar a las empresas que financian sus campañas, por encima del bienestar general", señalaron en un comunicado cuando la normativa se aprobó en el Senado el pasado 16 de abril.
"El fin de las empresas es el lucro y la razón por la cual deciden aportar a las campañas electorales es la posibilidad de recuperar esa "inversión" a través de la obtención de contratos públicos o de regulaciones que redunden en beneficios económicos para sí o para su sector", alertaron.
Otras instituciones, como Poder Ciudadano o el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) alentaron una iniciativa que permitiera obtener la trazabilidad del dinero y el control de los ingresos durante las campañas electorales.
El juez federal Sebastián Casanello investiga la existencia de aportantes falsos a la coalición gobernante Cambiemos para financiar las elecciones legislativas de 2017 y en las presidenciales de 2015.
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El año pasado, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se vio en aprietos al develarse que miles de beneficiarios de subsidios sociales, entre otros, figuraban como donantes de la campaña electoral para las elecciones legislativas de 2017 que ganó la alianza oficialista.
