"Ante situaciones particulares de orden migratorio con los Estados Unidos de Norteamérica, que han sido ventiladas en los medios de comunicación, esperamos que estas se resuelvan conforme a las normas y procedimientos de dicho Estado, como acontece en estos casos de conformidad con el derecho internacional", dijo el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, en declaraciones difundidas por su oficina.
Las declaraciones del funcionario se dieron luego de que el domingo la Embajada estadounidense en Colombia emitió un comunicado en el que indicó que "el Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en EEUU, o no cumpla con los requisitos de visa".
La suspensión de las visas a los magistrados se conoció a fines de la semana pasada y ha generado debate en varios sectores, ya que la Corte Constitucional discute en la actualidad si aprueba o no que se regrese a la aspersión área de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, la cual fue cancelada por el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) en octubre de 2015 tras argumentar daños a la salud humana.
Radio: "El glifosato no va a resolver los problemas de los cultivos de coca en Colombia"
Asimismo, la Corte discute si respalda o no las objeciones que en marzo pasado hizo el Gobierno colombiano a seis de los 159 artículos que componen la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz) por considerarlos inconvenientes, y entre los cuales está uno que limitaría la extradición de exguerrilleros a EEUU.
Semanas atrás se conoció que el embajador de EEUU en Colombia, Kevin Whitaker, se reunió con varios diputados que discutían esos temas en el Congreso para buscar persuadirlos sobre sus posturas, y a uno de ellos, que votó en contra de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, le fue revocada la visa días después.
La ley estatutaria es la norma que establece mecanismos claros a la JEP (tribunal creado en los diálogos de paz de La Habana) para que haga seguimiento a los casos relacionados con el conflicto armado y pueda evaluar si los comparecientes aportan a la verdad plena, a la reparación de las víctimas y ofrecen garantías de no repetición.
