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    Un hombre sostiene una pistola

    La Justicia brasileña podría derribar el decreto en favor de las armas firmado por Bolsonaro

    CC0 / Pixabay
    América Latina
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    RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El Tribunal Supremo Federal estudiará la constitucionalidad del decreto que el presidente Jair Bolsonaro firmó esta semana y que facilita el porte de armas para diversas profesiones.

    La magistrada del Supremo Rosa Weber dio un plazo de cinco días a Bolsonaro para que detalle el contenido y la motivación de ese decreto, según comentó en Twitter el senador de la oposición Randolfe Rodrigues: "Es el resultado del recurso que presentamos en el Supremo".

    ​Este senador, del partido izquierdista Rede, pidió al Supremo que se pronuncie, al considerar que el decreto del presidente vulnera el principio de la separación de poderes y que esas reglas deben debatirse en el Congreso Nacional.

    El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, también consideró que hay algunos puntos del decreto que pueden ser inconstitucionales, por lo que invitó al Gobierno a modificar el texto junto a los parlamentarios para que la Justicia no lo tumbe más adelante.

    Según el diario Folha de São Paulo, técnicos de la Cámara de Diputados y del Senado ya elaboraron informes que indican que el decreto extrapola los límites legales, porque acaba con el sentido original del Estatuto del Desarme, una ley en vigor desde 2003.

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    El decreto firmado por Bolsonaro esta semana permite que hasta 20 categorías profesionales pasen a tener derecho a porte de arma, entre ellos todos los cargos políticos electos, camioneros, propietarios rurales y periodistas que trabajen en acciones policiales.

    Los técnicos del poder legislativo habrían indicado que la norma de Bolsonaro establece una presunción absoluta de que todas las profesiones de la lista cumplen el requisito básico que permite ir armado por la calle.

    El Estatuto del Desarme, en cambio, exige que quien desee portar un arma demuestre su necesidad en base a una actividad profesional de alto riesgo o de amenaza a la integridad física, algo que no se cumple en muchos de los casos propuestos por el Gobierno.

    Etiquetas:
    seguridad, política interna, armas, Jair Bolsonaro, Brasil
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