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    Caravana de migrantes centroamericanos (archivo)

    Defensoría del Pueblo de Uruguay advierte sobre normas que vulneran derechos de migrantes

    © AP Photo / Isabel Mateos
    América Latina
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    MONTEVIDEO (Sputnik) — En Uruguay, un país de apenas 3,3 millones de habitantes, subsisten disposiciones legales que vulneran los derechos de los inmigrantes, denunció la estatal Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en su Informe Anual 2018 al Parlamento, difundido este 9 de mayo.

    "La INDDHH identifica en las disposiciones legales y prácticas administrativas los siguientes aspectos que vulneran los derechos de las personas migrantes", dice el documento.

    El primero se encuentra en la regulación del sistema de visas.

    Uruguay solamente exige visados a los ciudadanos de cuatro países en toda América Latina: República Dominicana, Haití, Cuba y Surinam.

    La INDDHH "ha planteado ante la Junta Nacional de Migraciones la necesidad de que se concrete cuanto antes una solución a las solicitudes de visa para ingreso al país de personas de nacionalidad cubana, dominicana y haitiana", dice el informe.

    El director de Asuntos Consultares y Vinculación de la cancillería de Uruguay, Jorge Muiño, había dicho a Sputnik en septiembre que "eliminar la visa es responsabilidad de ambos países, (con el fin) de mantener una comunicación permanente para evitar la trata y tráfico de personas".

    Uruguay, un país escasamente poblado cuyos habitantes descienden casi en su totalidad de inmigrantes europeos, se ha visto impactado en los últimos años por un flujo migratorio procedente sobre todo de la región latinoamericana.

    El Estado uruguayo concedió en los últimos cuatro años 51.440 residencias a extranjeros, lo que equivale a 1,5% de la población censada en 2011, indica un artículo del diario El Observador.

    Pero en 2018, el flujo se disparó, pues solo entre enero y noviembre de ese año se comenzaron 14.348 trámites de residencia, con los venezolanos y los cubanos como los dos grupos nacionales más abundantes.

    Otra disposición legal que vulnera los derechos de las personas inmigrantes es el decreto 118/2018 del Poder Ejecutivo que autoriza a conceder la residencia permanente a migrantes que se encuentren en especial situación de vulnerabilidad.

    Ese decreto cita como antecedente el inciso 2 del artículo 37 de la Constitución, cuyo contenido es censurable y está perimido para la INDDHH.

    La inmigración "deberá ser reglamentada por la ley, pero en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad", dice el cuestionado inciso.

    La Defensoría del Pueblo reconoce que el decreto "es un avance en materia de regulación de la situación de personas migrantes", pero expresa su preocupación porque "se siga haciendo referencia al inciso 2 del artículo 37 de la Constitución de la República".

    De hecho "esta norma ha perdido vigencia en virtud de la aprobación por Uruguay de normas internacionales de la misma jerarquía jurídica, que componen el bloque de constitucionalidad en nuestro país, referidas al derecho a la igualdad y a la no discriminación en general, y en especial respecto a la situación de los/as trabajadores/as migrantes y sus familias", agrega el informe.

    El tercer problema que afecta derechos de los inmigrantes se encuentra en la ley 18.498 (de pesca), según la cual la tripulación de las embarcaciones pesqueras de bandera nacional deberán estar constituidas en al menos 90% de personas que sean ciudadanas naturales o legales de este país.

    El 11 de noviembre de 2013, la INDHH propuso al Parlamento la derogación de la ley 18.498, ya que a su juicio "constituye una flagrante violación de las normas que integran el bloque constitucional nacional sobre la materia".

    Pero, más de cinco años después, el Poder Legislativo no ha dado curso a la recomendación, indica el informe.

    Por último, la INDHH reitera "la necesidad urgente de que se generen protocolos de actuación y mecanismos de recepción y entrevistas dirigidas a niños, niñas y adolescentes migrantes en los distintos organismos del Estado para su atención y protección integral".

    Más aquí: Autoridades: las ciudades enfrentan con pocos recursos temas como la migración

    La Defensoría del Pueblo presentó este 9 de mayo su informe anual en el parlamento, junto a su Plan Estratégico 2019-2023.

    La INDDHH, creada por ley en diciembre de 2008, es un órgano estatal autónomo que funciona en el ámbito del Poder Legislativo.

    Etiquetas:
    migrantes, derechos, violación, advertencia, Uruguay
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