"No tenemos la ayuda suficiente del Gobierno de Baja California ni del Gobierno federal, no nos ayudan en nada desde principios de este año; se nos ha complicado la atención a cientos de migrantes", dijo a esta agencia Bernabé Rivera, responsable de un albergue improvisado en un cine-teatro de 400 butacas, convertido hace un mes en santuario para un centenar de migrantes.
El apoyo de la sociedad civil permite a ocho albergues de esa ciudad atender a casi un millar de inmigrantes de varias nacionalidades, la mayoría centroamericanos.
"Recibimos donaciones de arroz, frijol, aceite, y vendemos mueblecitos artesanales que cambiamos por comida", dijo vía telefónica Rivera, que comenzó su trabajo social apoyando un refugio de unos 300 haitianos en 2016.
Durante el día, muchos inmigrantes se van del albergue, casi todos sin documentos personales ni permisos migratorios mexicanos.
La mayoría de estas personas se jugaron la vida en el trayecto en el tren de carga que parte de Chiapas, en la frontera sur, apodado "La Bestia" porque quienes caen a las vías ferroviarias desde los techos de sus vagones pueden morir o sufrir mutilaciones.
"Hay personas que van a lograr pasar (a EEUU); ya tienen una ficha con día de presentación en una corte de (el estado estadounidense de) California (oeste), pero los regresan a esperar su fecha aquí; también llegan muchas personas deportadas y otras se van por su cuenta", relató el trabajador social.
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"Se lanzan caminando por el cerro, donde los atrapa la "migra" (patrulla fronteriza) de EEUU y los deportan con todo y sus niños", describió Rivera.
Los ocho refugios de Mexicali se auxilian mutuamente, y ese trabajo conmueve a los voluntarios.
"Hay una niña hondureña de 13 meses, Kailin, de la que me encariñé porque llegó toda sucia, sin comer, con su padre Kevin de 27 años, que ya intentó cruzar dos veces en dos semanas y los han regresado", contó el activista.
El líder social Santiago Reygoza, presidente de la Federación de Asociaciones Civiles de Baja California, consiguió el teatro, paga una renta por el local así como las cuentas de luz y agua y trata de proveer alimentos.
"Nos sentimos más presionados, porque este año el apoyo gubernamental no ha llegado", dijo Reygoza vía telefónica a esta agencia.
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EEUU comenzó a deportar a más personas hacia México a finales del año pasado.
Uno de los problemas que va en aumento es el de las enfermedades que contraen los inmigrantes.
El líder humanitario también dirige los centros Hijo Pródigo, fundados en 2000 para atender a población vulnerable, como adultos mayores y personas con problemas de adicciones.
"No sabemos cuántas personas hay en situación de calle, calculamos que unas 800 acuden a los albergues en Mexicali", describió.
La ciudad tiene unos 700.000 habitantes y es fronteriza con la estadounidense Calexico; los nombres de ambas urbes son resultado de la mezcla de las palabras California y México, emblemas de la extensa frontera binacional llamada "MexAmerica".
El flujo de población migrante que arribó a la zona este año batió todos los récords.
"Calculamos que unas 5.000 personas llegaron y casi un millar han decidido quedarse; algunos lograron pasar a EEUU, otros se quedaron en Baja California intentando cualquier trabajo", relató Reygoza.
Gobierno desbordado
La experta en migración María Dolores París del Colegio de la Frontera Norte, con sede en Tijuana, dijo a Sputnik que "la evolución de la migración ha rebasado la capacidad de las autoridades mexicanas".
Funcionarios de la cancillería prometieron que las ciudades fronterizas recibirían mayores recursos para atender a la población que EEUU decide unilateralmente deportar a México mientras resuelve sus pedidos de asilo.
Pero París, coordinadora del libro "Migrantes, desplazados, braceros y deportados", explicó que las autoridades "dieron la impresión de que los empresarios estaban muy ansiosos de contratar a esas personas migrantes mientras esperaban sus citas en una corte de EEUU, y eso no ha ocurrido".
Algunos inmigrantes recibieron visas humanitarias para cruzar a EEUU a solicitar asilo, pero se las quitan cuando regresan y les entregan una "forma migratoria múltiple", explicó.
"Ese documento no les da permiso para trabajar ni acceso a albergues ni a servicios básicos; quedan en una situación de enorme vulnerabilidad", advirtió.
En tanto, en la frontera sur, miles de cubanos dejaron de recibir "oficios de salida" de México, bautizados por ellos como "salvoconductos" porque les permitían cruzar desde la sureña Tapachula hasta la frontera norte, y muchos no califican para recibir visas humanitarias.
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Sin opciones legales, deciden lanzarse a la aventura con riesgo de ser deportados.
Además, hay falta de infraestructura, de equipo y de recursos humanos capacitados, para responder a esta incesante ola migratoria multinacional.
El Gobierno mexicano está presionado también por actores económicos.
El Gobierno de Donald Trump sumó a sus frecuentes amenazas de cerrar la frontera la orden de que los agentes encargados de las aduanas se dedicaran a hacer controles migratorios, causando enormes filas de vehículos de carga con más de seis horas de retraso.
"Hay comerciantes furiosos porque cada vez pierden más tiempo y mercancías en la frontera por la tremenda presión de la política de Donald Trump", puntualizó la experta.
Finalmente, la sociedad civil exige el cumplimiento de estándares de derechos humanos a los que el Gobierno mexicano se comprometió al firmar en diciembre del año pasado el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
