"Definitivamente esta cumbre puede ser un hito de acercamiento y no puede ser de otra manera. El sector empresarial privado siempre pidió al Gobierno un esfuerzo sinérgico para desarrollar al país", dijo Rodríguez, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, grupo privado de investigación y consultoría.
Rodríguez destacó el carácter positivo de la convocatoria gubernamental, recordando que los empresarios llevaban más de una década reclamando concertación sobre políticas industriales, fiscales, comerciales y otras para acelerar el crecimiento y la creación de empleo.
"Pero no es demasiado tarde para rectificar, es más, urge hacerlo", afirmó, señalando que pese a sus avances macroeconómicos recientes, Bolivia tiene "síntomas de industrialización con la pérdida de unidades productivas".
Señaló además, como factor negativo, "el cambio de perfil comercial" del país, que pasó a ser importador en vez de exportador en sectores industrial como textiles, maderas y cueros.
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El gerente del IBCE, un organismo ligado estrechamente a los empresarios del rico departamento oriental de Santa Cruz, dijo que los privados pretenden que la cumbre de junio sirva para que el Gobierno, declarado aliado de los trabajadores, escuche a este sector.
Remarcó que en esa perspectiva, el acercamiento Gobierno-empresarios "es providencial a fin de encarar temas urgentes como el flagelo del contrabando, el tipo de cambio fijo, la flexibilización de la legislación salarial, el combate a la informalidad y la necesidad de abrir mercados externos".
Tras más de una década de fuerte impulso al control estatal de la economía, el Gobierno de Morales se ha aproximado desde fines de 2017 al sector privado, forjando alianzas para producir biocombustibles y abriendo la puerta a la biotecnología en los cultivos de soja.
El Gobierno ha propuesto también a los privados invertir en la provisión de insumos básicos y semiprocesados que necesitará la industria del litio, en la que empresarios alemanes y chinos invertirán en el futuro inmediato hasta 4.000 millones de dólares en sociedad con el Estado.