"Ya tuvimos un ofrecimiento de parte del Gobierno de Israel que es el que nos va a ayudar en estos temas básicamente por su amplia expertis en ciberataques y ciberdefensa", afirmó Jara.
El viceministro del Ministerio de Telecomunicaciones, Patricio Real, dijo en esa misma rueda de prensa que a raíz del retiro de asilo "empezaron a circular amenazas de ataques cibernéticos que empezaron a hacerse realidad ese mismo día, se registraron más de 40 millones de ataques cibernéticos provenientes de EEUU, Brasil, Holanda, Alemania, Rumania, Francia, Austria, Reino Unido y desde nuestro territorio".
Agregó que entre las instituciones que "sufrieron intentos de afectación estuvieron la cancillería, Banco Central, Presidencia, el Ministerio del Interior, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de las Telecomunicaciones, Ministerio de Turismo, de Ambiente y también tenemos el reporte de universidades".
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Real añadió que Ecuador está "bien preparado para enfrentar este tipo de situaciones, la muestra es que hemos tenido unas intermitencias en la prestación de ciertos servicios".
Agregó que no hubo robo ni fue borrada información de las instituciones atacadas.
El 11 de abril de tarde Ecuador pasó del puesto 51 al 31 en escala mundial en el volumen de ataques cibernéticos.
Informó que los delitos relacionados a ataques cibernéticos destinados a la prestación de servicios públicos o vinculados a la seguridad ciudadana tienen una pena de cinco a siete años de privación de libertad.
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Por disposición del presidente Lenín Moreno se convocó el Gabinete Sectorial de Seguridad "para coordinar el protocolo de seguridad existente y de esta forma frenar a tiempo cualquier ataque que atente contra el país", indicó.
El Departamento de Justicia de EEUU indicó en su imputación que los cargos que deberá enfrentar Assange tienen una pena máxima de cinco años de prisión.
Assange se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en junio de 2012 tras perder todas las apelaciones contra la extradición que Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la fiscalía sueca que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.
El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podía enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos filtrados que eran secreto de Estado.
Los cargos contra Assange en Suecia prescribieron en 2017, pero el Reino Unido se negó a levantarle la orden de arresto.
