"Preocupa al Gobierno que esta indeterminación de esa facultad afecte procesos presentes como el que se viene implementando con las FARC, como un eventual proceso con (la guerrilla de) el ELN", dijo Ceballos tras argumentar que la ley estatutaria le quita las facultades al Gobierno para verificar las listas de desmovilizados y le entrega esa función a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz).
Ceballos, cuyas declaraciones fueron difundidas por su despacho, se refirió al tema durante una audiencia pública en el Senado sobre objeciones a la ley estatutaria de la JEP, en la que destacó que ese tribunal es el que "termina determinando quiénes son miembros o no de un grupo armado organizado y a su vez tendrían que ser jueces de ellos".
Añadió que quitarle esa competencia a la Justicia abre la posibilidad de que personas que no formaron parte del conflicto armado se infiltren en listas de desmovilizados.
"Existe la posibilidad de que personas que quieran aprovechar esta indeterminación en la facultad que tendría el Alto Comisionado para la Paz, podría generar riesgos de personas que no siendo parte de los grupos armados, quisieran aprovecharse de esto", manifestó.
Ceballos destacó que el Gobierno es el responsable de adelantar los procesos de negociación con los grupos ilegales y que el Comisionado de Paz tiene la responsabilidad política de verificar quién tiene derecho a acceder a los beneficios de la Justicia Transicional.
El pasado 10 de marzo, Duque anunció la objeción a seis de los 159 artículos que componen la ley estatutaria de la JEP por considerarlos inconvenientes.
Duque indicó que las objeciones buscan que el Congreso evalúe los seis artículos objetados por el Gobierno, de modo tal que el país cuente con una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del conflicto armado.
Sin embargo, varios sectores sociales y políticos sostienen que el Gobierno busca dilatar y entorpecer la implementación del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las FARC (hoy convertida en partido político de izquierda) y restarle competencias al tribunal de paz, creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana.
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La ley estatutaria es la norma que establece mecanismos claros a la JEP para que haga seguimiento a los casos relacionados con el conflicto armado y pueda evaluar si los comparecientes aportan a la verdad plena, a la reparación de las víctimas y ofrecen garantías de no repetición.
Las objeciones a la JEP deberán pasar ahora a la plenaria del Senado, que deberá votar al respecto después de la Semana Santa, que se celebra en la región desde el próximo 14 hasta el 21 de abril.
