"La jueza de Garantías Penales Ana Lucía Cevallos (…) dispuso las medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación semanal en la Fiscalía para Diego R., Samuel V., Carlos Q., Marcelo C. y Frankie S. (exfuncionarios de Petroecuador), por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias. Para el exgerente de Refinación Carlos P. Y., la Jueza impuso la prisión preventiva ya que al momento se encuentra privado de libertad", informó fiscalía en un comunicado publicado en su página web.
Los acusados habrían participado en la adjudicación irregular de contratos de servicios para la estatal petrolera.
"La fiscalía investiga este caso con base en lo dispuesto en el artículo 285 que sanciona el tráfico de influencias con pena privativa de libertad de tres a cinco años a los servidores públicos y a las personas que actúen en virtud de una potestad estatal (…) y ejerzan influencia en otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros", agrega el comunicado.
El fiscal de la causa, Juan Carlos Zúñiga, presentó 26 elementos para sustentar su acusación y afirmó que varios de los contratos analizados presentan irregularidades, sobre todo en relación a la forma de adjudicación.
Zúñiga dijo que los procesos de contratación examinados incumplieron los principios de legalidad y transparencia de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y añadió que no descarta la vinculación de otras personas durante la etapa de instrucción fiscal.
Este es un nuevo proceso penal que está involucrado el exministro de Hidrocarburos y que se suma a otros cuatro condenas por peculado, cohecho, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito, que ya se encuentra cumpliendo en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga (centro).
Más aquí: Ecuador presenta a diplomáticos Comisión Internacional de Expertos contra corrupción
El escándalo de Petroecuador salió a la luz en los papeles de Panamá, que mostraron a varios funcionarios involucrados en una red de sobornos en torno de la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas (noroeste), la más grande del país.
Distintas empresas habrían sobornado a empleados públicos a cambio de obtener contratos con el Estado e incluso habrían incurrido en sobreprecios en varias obras, según las investigaciones.
