"La alteración de documentos y la falsificación de sellos oficiales son conductas tipificadas como delito no solo en el ordenamiento jurídico venezolano, sino en la totalidad de los países", expresó la Cancillería venezolana a través de un comunicado.
La reacción de las autoridades de Venezuela se produce luego de que los gobiernos de países como Canadá, Colombia y Panamá anunciaron que emitirán extensiones a los pasaportes de esa nación.
Por ello, la Cancillería envió un mensaje a la comunidad internacional sobre dichas normas, que pretenden "regular la posibilidad de alteración de documentos legales (…) para falsamente hacerlos parecer válidos y eficaces".
"Detrás del señuelo de medidas especiales para regularizar situaciones migratorias, ocultan la intención de implantar políticas de carácter xenófobo y contribuir a la estrategia de denigración del gentilicio venezolano", añadió.
En tal sentido, alertó que cualquier modificación de los pasaportes conllevará a su invalidación, y por tanto desaconseja a los venezolanos consignar documentos a personas que pretenden "hacerse pasar por representantes del estado venezolanos" y ejercer funciones que no tienen atribuidas.
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En tal sentido, destacó que cualquier extensión de los pasaportes corresponderá únicamente a las autoridades venezolanas que cuentan con la capacidad jurídica para brindar los servicios del Estado.