"Un minguero (manifestante) muerto, seis heridos y una comunidad indignada por la falta de garantías para el diálogo, el Gobierno no puede pretender resolver los problemas sociales que le corresponden a bala", denunció la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en un comunicado.
El indígena muerto fue identificado como Deiner Ceferino Yunda Camayo, comunero del resguardo de Jebalá (oriente del Cauca), de 20 años de edad, mientras que Walter Flórez, integrante del mismo reguardo, fue herido junto con otras cinco personas, indicó la ONIC.
Según los manifestantes, "las cuatro semanas de afectaciones frente a 542 años de marginación, esclavitud, abandono y olvido no son nada".
Los incidentes ocurrieron antes de que una comisión del Gobierno, liderada por la ministra del Interior, Nancy Gutiérrez, y delegados de los nativos retomaran los diálogos que fueron suspendidos la noche del domingo.
Pese la represión, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) decidió continuar ocn los diálogos, que se llevan a cabo en la aldea Mondomo, en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca).
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Los manifestantes de la Minga Nacional por la Vida que suman más de 10.000, sostienen que solo despejarán la vía cuando el Poder Ejecutivo acceda a sus reclamos: la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016, la redistribución de la propiedad de la tierra y el "mecanismo para garantizar el cumplimiento de los acuerdos incumplidos desde 1986, con atención especial acuerdos con mujeres".
Los reclamos incluyen unos 1.484 millones de dólares en ayuda económica para las comunidades y la entrega de 41.000 hectáreas para los pueblos nativos que habitan en el Cauca.
Duque sostuvo que era imposible adquirir tierras a privados por unos 644 millones de dólares para entregarlas a los indígenas.
El presidente aseguró que el Plan Nacional de Desarrollo que se tramita en el Congreso incluye un capítulo dedicado a los indígenas que contempla inversiones por unos tres mil millones de dólares para los próximos cuatro años.
Duque también dijo que solo accedería a reunirse con los indígenas cuando estos levanten la protesta, para lo cual deberán lograr acuerdos con una comisión designada por el Gobierno.
