"Estamos estudiando todos los elementos para armar un recurso de revisión; vamos a intentar que se revise esa condena, que viola la sentencia de la Corte IDH del año 2013", explicó a Sputnik la abogada Claudia Cesaroni.
En 2008, el joven Víctor Hugo V. fue condenado a 34 años de prisión por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego; tenía entonces 17 años.
La abogada explicó que en este caso el joven no fue condenado de por vida, pero aseguró que su situación "es más gravosa en términos concretos".
"En las cadenas perpetuas, a los 20 años se puede obtener la libertad condicional y a los 15 años las salidas transitorias; con este tipo de penas este joven recién podría tener salidas transitorias a la mitad de la condena, o sea a los 17 años, y la libertad condicional a los 22 años y medio", expresó Cesaroni.
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Según la defensora, quien tomó el caso junto al abogado Gabriel Lerner, la sentencia viola también un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Argentina, que establece que "las penas tienen que ser notoriamente inferiores a las de un adulto".
"El régimen penal de la minoridad establece algunas posibilidades que tienen los jueces, como aplicar la pena de tentativa, y podrían haber aplicado de 10 a 15 años; había posibilidades para que los jueces disminuyeran el monto de la pena atendiendo a la condición de persona menor de 18 años", destacó Cesaroni.
Además de la revisión, la defensa solicitó que el acusado, quien está cumpliendo su condena en la provincia de Chaco (norte), a unos 800 kilómetros de Buenos Aires, donde reside su familia y sus dos hijas, sea trasladado a la capital del país.
"El proyecto que el Gobierno mandó a la Cámara de Diputados no establece topes para las penas de adolescentes de 16 y 17 años; eso es un ejemplo de hasta dónde puede llegar…son penas más altas que cualquier país de América Latina…nuestro Código Penal se transformó en un Código Penal draconiano, con penas de 50 años", cuestionó Cesaroni.
El proyecto de ley prevé bajar de 16 a 15 años la edad en que los adolescentes pueden recibir penas superiores a los 15 años de prisión.
Cesaroni integra la red Argentina No Baja, compuesta por especialistas e integrantes de la sociedad civil y del ámbito judicial, que se opone al proyecto que impulsa el Gobierno.
