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    Estatua de la Justicia

    Activista asegura que justicia uruguaya está omisa ante amenazas a defensores de DDHH

    © AFP 2019 / Brendan Smialowski
    América Latina
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    MONTEVIDEO (Sputnik) — La justicia uruguaya está omisa en investigar las amenazas proferidas contra un grupo de defensores de derechos humanos que se vieron obligados por eso a llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dijo el miércoles a Sputnik la exfiscal Mirtha Guianze, una de las amenazadas.

    "Nos presentamos ante la CIDH (en febrero) pidiendo que Uruguay sea instado a continuar con esta investigación en forma útil. No hemos tenido justicia hasta el momento; si bien hay un expediente en trámite, la justicia no ha sido eficaz, no ha averiguado absolutamente nada, ni siquiera indicios", dijo Guianze.

    La denuncia contra el Estado uruguayo ante la CIDH se presentó el 12 de febrero, a nombre de los 13 amenazados —exautoridades, operadores de justicia, defensores de derechos humanos y académicos- y del no gubernamental Observatorio Luz Ibarburu, que recopila la información judicial sobre denuncias de crímenes cometidos durante la dictadura militar (1973-1985)

    En 2017, estas personas fueron objeto de una amenaza de muerte por parte de un grupo identificado como Comando Barneix.

    Una carta firmada por ese Comando Barneix, y enviada por correo electrónico, profería las amenazas tras lamentar la muerte del general retirado Pedro Barneix, quien se suicidó luego de ser procesado por el asesinato en 1974 de un comerciante de la ciudad de Carmelo (sudoeste), Aldo Perrini, quien se encontraba detenido y sometido a torturas.

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    El Comando Barneix amenazaba que mataría a tres personas de la lista cada vez que algún militar se suicidara por ser enjuiciado por delitos cometidos durante la dictadura.

    "En Uruguay tenemos un expediente judicial que ya lleva más de dos años, pero siguió estancado sin ninguna resolución, ni diligencias útiles, y aparentemente paralizado; nosotros aspiramos a que Uruguay conteste, algo se tiene que hacer", reflexionó Guianze.

    La exfiscal recordó que ya habían presentado este asunto ante la CIDH cuando sesionó el año pasado en Buenos Aires, ocasión en la que el Gobierno uruguayo no envió a ningún representante.

    "El Poder Judicial no ha investigado, el expediente ha estado paralizado hasta por periodos de ocho meses, en los que ni siquiera hubo movimiento; nos interesa que de parte del Poder Ejecutivo se agilite el tratamiento de este caso", agregó Guianze, exdirectora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo del Uruguay.

    Con respecto al tratamiento de los juicios penales por crímenes cometidos en el período dictatorial, Guianze dijo que hay una "semiparálisis" y "lentitud" en todos los procesos.

    Existen 307 causas presentadas ante la justicia por diferentes crímenes, de las cuales 62% están en fase de presumario, 23% archivadas, 7% acumuladas a otras, 3% en sumario y 2% no están registradas, según datos del Observatorio Luz Ibarburu.

    Solo el 3% de las denuncias terminaron en una sentencia, lo que significa que el 97% de los casos no se resuelven, añade el Observatorio.

    Los denuncias son por los delitos de tortura, muerte, privación de libertad, desaparición forzada, detención ilegítima, secuestro y amenazas, cometidos supuestamente entre 1972, poco antes del golpe de Estado, y 1978.

    "Una justicia que tarda tanto ya no es justicia. Hay varios pedidos de procesamientos sin resolver. Hay juicios que llevan muchísimos años, por ejemplo el de las mujeres que denunciaron que hubo abusos sexuales en distintos establecimientos militares, todavía está sin resolver, hay un solo procesado", dijo Guianze.

    Esta "inoperancia" se debe, a su juicio, a falta de recursos, de capacitación y de concientización sobre la importancia del tema.

    "Si tuviera que comparar a Uruguay con la región, diría que estamos atrasados. Por ejemplo, Chile y Argentina han aceptado que (esos delitos) son crímenes de lesa humanidad sin importar el tiempo de la comisión. En Uruguay la Suprema Corte de Justicia consideró que solo puede considerarse que hay esos crímenes a partir de 2006", cuando el país ratificó tratados internacionales en la materia, agregó.

    En Uruguay siguen desaparecidas 192 personas, según datos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

    Etiquetas:
    derechos humanos, amenazas, CIDH, Uruguay
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