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    "Juicio por masacre de jesuitas en El Salvador no es por venganza"

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    SAN SALVADOR (Sputnik) — El juicio impulsado contra los responsables de la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, perpetrada por militares en plena guerra civil de El Salvador, no busca venganza si no justicia, aseguró a Sputnik el querellante del caso, Arnau Balenas.

    La denuncia es "un proceso de justicia, no de venganza, por el derecho de las víctimas y sus familiares a saber que pasó", dijo el representante de la parte demandante a esta agencia.

    Balenas denuncia a los presuntos autores del crimen perpetrado por el Batallón Atlacátil en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989, caso reabierto el pasado 11 de marzo por orden de la Cámara Tercera de lo Penal.

    La justicia entendió que la masacre constituyó un crimen de lesa humanidad, que por tanto no prescribe ni admite la figura del sobreseimiento, por ello ordenó a la Fiscalía General de la República a retomar la investigación.

    "Es un avance importante, hacia la esperanza, los imputados van quedándose sin argumentos judiciales, pese a su defensa dilatoria y temeraria", agregó Balenas, quien alertó sobre el peligro de darle un marco de inmunidad a los violadores de los derechos humanos durante el conflicto civil (1980-1992).

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    El abogado y académico comentó el proyecto de Ley de Amnistía que se gesta en el Parlamento y declaró que los legisladores deberían tener una especial sensibilidad para el tema de la masacre.

    "Esperamos que los parlamentarios reflexionen y entiendan la importancia de este proceso de justicia, que tomen en cuenta el rechazo de la sociedad y no avancen en una ley que garantice inmunidad", advirtió Balenas, coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).

    Un escuadrón del batallón de élite Atlácatl, también señalado como responsable de la masacre de El Mozote (1981), asesinó en noviembre de 1989 a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y a los salvadoreños Joaquín López, Elba Ramos y su hija Celina.

    Los acusados son los generales retirados Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Francisco Elena Fuentes, Rafael Zepeda y René Emilio Ponce (fallecido), así como el coronel Inocente Montano, procesado en España por el mismo crimen.

    El Juzgado Tercero de Paz anuló en abril de 2018 el sobreseimiento de los seis militares y del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), señalado inicialmente por el supuesto conocimiento del crimen.

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    La Comisión de la Verdad instaurada tras la guerra civil (1980-1992) determinó que el Alto Mando del Ejército dio la orden de asesinar a quienes desde su labor pastoral abogaban por erradicar la desigualdad.

    Hace dos años, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA pidió reabrir el caso, aún cuando la Fiscalía podía actuar de oficio, después que la Sala de lo Constitucional anulara en 2016 la Ley de Amnistía vigente desde 1993.

    Aquella iniciativa se hizo pública después de que el Gobierno de Estados Unidos anunciara la extradición a España del coronel Montano, para responder por la autoría intelectual de tales asesinatos. 

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    jesuitas, El Salvador