"Estamos recibiendo de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente una comisión de familiares de víctimas del odio y representantes de la ANC un exhorto que exige a las autoridades el cumplimiento de la ley contra el odio", afirmó el fiscal a la prensa.
Afirmó que han "observado la escalada progresiva y cada vez más intensa de sujetos no electos por el pueblo que pretendieron sin éxito usurpar el poder".
Por su parte, la primera vicepresidenta de la Constituyente, Tania Díaz, quien encabezó la comisión, llamó a los organismos de seguridad a actuar en caso de que se registren este tipo de delitos.
"Somos una nación en la que todos caben y esa es la Venezuela que todos conocemos; ellos intentan sembrar esa semilla de odio en el pueblo venezolano, queremos hacerle un llamado a los órganos de seguridad del Estado para que se ejerza esta ley", apuntó.
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Durante una sesión realizada el martes, la Constituyente llamó a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público a hacer cumplir la ley contra el odio.
El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, requirió, durante la referida sesión, la creación de dos comisiones en ese órgano para recibir las denuncias de delitos contra el odio y entregarlas al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía.
Mientras, la alcaldesa Betzabeth Gandica, del municipio San Judas Tadeo, situado en el estado Táchira (oeste), en la frontera con Colombia, denunció que el 9 de marzo su vivienda en la que estaba su madre y sus hijos fue asediada e incendiada por grupos afectos a la oposición.
El miércoles la Fiscalía informó que cuatro personas fueron detenidas por estos hechos.
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La periodista del canal venezolano Telesur, dedicado a noticias internacionales, Madelein García, denunció durante esa sesión que había sido víctima de amenazas, al igual que la presidenta de ese medio, Patricia Villegas.
La Fiscalía también aseguró el pasado lunes que investiga la muerte de tres indígenas de la etnia pemón en el municipio Gran Sabana, ubicado en el estado Bolívar (sur), quienes apoyaban el ingreso de estos camiones por la frontera con Brasil y recibieron impactos de bala en una protesta.
Lo indígenas de esa etnia han señalado como responsables de estos crímenes a funcionarios de la Guardia Nacional (componente de la Fuerza Armada).
Sin embargo, Cabello aseguró que las evidencias recabadas en el sitio evidencian que las armas usadas no pertenecían a militares.
A un mes de estos sucesos, la Fiscalía no ha ofrecido detalles de la investigación ni hay reporte de detenidos.
