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    Acuerdo de paz en Colombia

    ONU pide al Gobierno de Colombia que implemente pronto ley estatutaria de tribunal de paz

    © REUTERS / Jaime Saldarriaga
    América Latina
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    BOGOTÁ (Sputnik) — La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió al Gobierno de Colombia que implemente pronto la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz), luego de que algunos de cuyos artículos fueron objetados por el Ejecutivo.

    "Dos años después de la firma del Acuerdo de Paz, aliento al Gobierno a implementar la JEP de una manera integral", dijo Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la ciudad suiza de Ginebra, donde presentó una serie de informes sobre varios países, según se observó en una transmisión vía streaming.

    La alta comisionada abogó para que los poderes del Estado colombiano adopten una decisión rápida sobre el tribunal de paz, luego de que el pasado 10 de marzo el presidente Iván Duque anunciara la objeción a seis de los 159 artículos que componen la ley estatutaria de la JEP por considerarlos inconvenientes.

    Duque indicó que las objeciones buscan que el Congreso evalúe los seis artículos objetados por el Gobierno, de modo tal que el país cuente con una paz que garantice de manera genuina la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del conflicto armado.

    Sin embargo, varios sectores sociales y políticos sostienen que el Gobierno busca dilatar y entorpecer la implementación del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016 y restarle competencias al tribunal de paz.

    Más aquí: FARC pide intervención de comunidad internacional tras objeciones a ley de tribunal de paz

    La JEP fue creada en el marco de los diálogos de paz de La Habana para juzgar a excombatientes, militares y terceros que financiaron el conflicto.

    La ley estatutaria es la norma que establece mecanismos claros a la JEP para que haga seguimiento a los casos relacionados con el conflicto armado y pueda evaluar si los comparecientes aportan a la verdad plena, a la reparación de las víctimas y ofrecen garantías de no repetición.

    Por este motivo se entiende que su paso por el Congreso retrasará aún más su implementación, pese a que la Corte Constitucional ya le dio su aval en 2018.

    Por otra parte, Bachelet señaló que al pasado 8 de marzo su oficina recibió información según la cual 27 líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2019, y que en 2018 la cifra total fue de 110 casos, de los cuales la cuarta parte correspondió a indígenas y afrocolombianos.

    "La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas rurales donde la influencia de las FARC (hoy convertida en partido político de izquierda) era fuerte y la presencia del Estado sigue siendo débil, sobre todo en sanidad, educación y otros servicios fundamentales", dijo.

    Según un informe reciente presentado por la ONU en Bogotá, el 40% de los asesinatos fueron cometidos por disidentes del paramilitarismo, seguidos por individuos no afiliados a ningún grupo criminal (18%), personas por determinar (17%), la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (8%o), disidentes de las FARC (8%), la Fuerza Pública (5%) y por integrantes del grupo armado Ejército Popular de Liberación (4%). 

    Etiquetas:
    ONU, Justicia Especial para la Paz (JEP), Colombia
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