En directo
    Planta de celulosa de UMP en Uruguay

    Por qué la sociedad civil de Uruguay se opone a una nueva planta de celulosa

    © AFP 2019 / Daniel Caselli
    América Latina
    URL corto
    0 51

    Organizaciones sociales de Uruguay se movilizan y preparan acciones legales contra la instalación de una tercera planta de celulosa en el país sudamericano. Los manifestantes aseguran que el contrato firmado entre el Gobierno y la empresa finlandesa UPM es inconstitucional y advierten sobre peligros ambientales del emprendimiento.

    El abogado Hoenir Sarthou, integrante del movimiento de ciudadanos denominado "UPM2 No" —en referencia a que se trataría de la segunda planta de la empresa UPM en Uruguay- dijo a Sputnik que el acuerdo firmado es "flagrantemente inconstitucional", dado que el ejecutivo "dispone cosas que no tiene competencia para disponer".

    El activista cuestionó que el Estado uruguayo haya comprometido a la empresa "la entrega preferencial del agua de un río (el Río Negro, en el centro del país)" o "el uso preferencial de una vía férrea que hay que construir".

    En el mismo sentido, criticó que el Gobierno haya permitido a la empresa tener injerencia en posibles modificaciones en la legislación laboral o en planes de enseñanza de carreras universitarias de  carácter técnico vinculadas a la producción forestal.

    Para Sarthou, el emprendimiento también es "una locura desde lo ambiental" porque "significa volcar efluentes contaminantes en un río que es interior, que no tiene la capacidad de tolerar esa descarga".

    En efecto, la eventual nueva planta se instalaría próxima a Pueblo Centenario, una localidad de poco más de mil habitantes del departamento de Durazno (centro), con costas sobre el Río Negro.

    Según el abogado, la instalación de la planta, que será la más grande de la región en su rubro, requerirá "aumentar la retención de agua de las represas, inundar territorios y afectar a toda la gente que vive en la zona".

    Todo un proceso que, de acuerdo con el activista, fortalecerá la proliferación de cianobacterias, una especie de alga que en el último verano despertó la alarma de veraneantes y empresarios turísticos de Uruguay.

    Relacionado: Cuando el verde preocupa: qué son las cianobacterias que asustan a los bañistas de Uruguay

    El movimiento contrario a la nueva planta presentó en los últimos días un recurso ante el Parlamento uruguayo buscando generar un juicio político contra el actual Gobierno, alegando que violó la Constitución al firmar el acuerdo con la empresa.

    En paralelo, los activistas convocaron a una "contraudiencia" en la ciudad de Paso de los Toros, también cercana al lugar en que se instalaría la planta, para debatir el emprendimiento con los habitantes de la zona.

    Asimismo, y en coincidencia con el Día Mundial del Agua (22 de marzo), se movilizarán en Montevideo en rechazo al uso que la nueva planta haría de los recursos hídricos del centro del país. El país se encuentra ubicado en parte sobre el acuífero Guaraní, entre las reservas subterráneas de agua dulce más importantes del mundo.

    Según el Gobierno uruguayo, la nueva planta va a producir entre 1,9 millones y 2,4 millones de toneladas de celulosa a partir de madera, en régimen de zona franca.

    La inversión es vista como un necesario impulso para la economía de este país sudamericano, cuyo crecimiento se mantiene desde hace 15 años, pero últimamente a un ritmo desacelerado.

    Puede interesarte: ONU: la lucha contra el cambio climático es un imperativo

    "Uruguay estima que el Proyecto UPM incrementaría de forma permanente el PIB [Producto Interno Bruto] en aproximadamente dos puntos porcentuales, generaría nuevas exportaciones agroindustriales en el entorno de 1.000 millones de dólares al año, con una recaudación de tributos aproximada de 120 millones de dólares", dice el texto del precontrato.

    Normas comunitariasDiscusión
    Comentar vía FacebookComentar vía Sputnik
    Etiquetas:
    celulosa, UPM, Tabaré Vázquez, Finlandia, América Latina, Uruguay