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    Planta de celulosa de UMP en Uruguay

    Planta de celulosa en Uruguay, deseo y obstáculo para el Gobierno en año electoral

    © AP Photo / Matilde Campodonico
    América Latina
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    Marcelo Soba
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    MONTEVIDEO (Sputnik) — La inversión extranjera para una tercera planta de celulosa en Uruguay es una prioridad del Gobierno para este año electoral, pero las exigencias que pone la empresa finlandesa UPM para seguir adelante con el proyecto exponen al gobernante Frente Amplio que afronta una dura campaña para ganar un cuarto mandato consecutivo.

    "Para el Gobierno es sustancial que esta inversión se termine de confirmar y se ponga en marcha", dijo a Sputnik el analista Daniel Chasquetti, politólogo doctorado y profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República.

    El Poder Ejecutivo tuvo que adecuarse a una realidad "inédita" en estos últimos años ya que la inversión extranjera disminuyó y eso llevó a que "la caja tenga que ajustarse", comentó.

    La Administración de Tabaré Vázquez firmó en 2017 un precontrato con UPM con miras a la instalación de la tercera planta de celulosa de papel, la segunda de la firma, en el centro del territorio uruguayo.

    Se trata de un proyecto para producir entre 1,9 millones y 2,4 millones de toneladas de celulosa a partir de madera en una planta instalada en régimen de zona franca.

    La inversión es vista como un necesario impulso para la economía de este país sudamericano, cuyo crecimiento se mantiene desde hace 15 años, pero ha enlentecido.

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    "Uruguay estima que el Proyecto UPM incrementaría de forma permanente el PIB [Producto Interno Bruto] en aproximadamente dos puntos porcentuales, generaría nuevas exportaciones agroindustriales en el entorno de 1.000 millones de dólares al año, con una recaudación de tributos aproximada de 120 millones de dólares", dice el texto del precontrato.

    Sin embargo, el acuerdo no está cerrado e incluye una serie de exigencias que suponen inversiones a cargo del Estado antes de que UPM decida si instala o no la fábrica de pulpa de papel.

    "El señor necesita una seguridad y me pide saber cuándo será el inicio de la obra. La misma preocupación, créame señor, la tenemos nosotros y se la planteé al presidente de UPM", respondió Vázquez la semana pasada a la pregunta de un vecino del Pueblo Centenario, donde se instalará la fábrica, según cita del semanario Búsqueda.

    Chasquetti no cree que la empresa abandone el proyecto porque "está interesada", pero entiende que "está jugando con la necesidad" del FA de ganar las elecciones.

    "Supongo que UPM tiene buenos asesores y puede jugar esa carta, anunciar la inversión en el medio de la campaña puede ser una carta a favor del FA (…) UPM también está jugando su juego, porque dada la debilidad del Gobierno y la necesidad que tiene está tratando de sacar el mayor provecho y por eso no se anuncia", conjeturó.

    Vázquez ha sido cauteloso en sus declaraciones.

    "No depende de nosotros marcar el inicio, si fuera por nosotros ya lo hubiéramos marcado. Pero yo creo que en un plazo no muy alejado UPM va estar decidiendo si se instala o no", dijo el mandatario en su visita del 11 de marzo a Pueblo Centenario.

    Cuestión ambiental

    La primera gran procesadora de celulosa de papel con fines de exportación se instaló en 2007 en la ciudad de Fray Bentos (oeste), a orillas del río Uruguay limítrofe con Argentina, y dio pie a uno de los diferendos más grandes entre los dos países, que terminó en un juicio ante la Corte Internacional de Justicia, debido a objeciones ambientales esgrimidas por habitantes de la ciudad argentina de Gualeguaychú.

    En la actualidad, el cuestionamiento ambiental es interno, ya que la pastera se ubicará sobre el río Negro, que atraviesa el centro del país.

    Activistas y pobladores locales reclaman que el caudal del río Negro no podrá soportar los desechos de la industria.

    "El río Negro no te lo banca, y ellos dicen que a esos promedios le sumamos la basura para que eso quede al límite, pero eso ya viene al límite y viene sobrepasado del límite", dijo el activista del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), Raúl Viñas.

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    Movus denunció el 13 de marzo que UPM requería un promedio de consumo de unos 5,6 millones de metros cúbicos de agua por día para mantener los estándares requeridos de emisión de sustancias contaminantes al río.

    Para Viñas, esos números son correctos "si la dilución del efluente se da perfecta", pero observó que existirían problemas en tiempos de sequía.

    "En los promedios se ahogan los enanos, y cuando hay seca eso no funciona y cuando uno prevé las cosas tiene que prever para las situaciones más adversas", dijo.

    De hecho, el río Negro ya está sometido a contaminación procedente de la actividad agrícola, que el Gobierno acaba de reconocer que necesita paliar.

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    El subsecretario del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks, entregó el 11 de marzo un plan con medidas para mitigar la actual contaminación a la comisión que administra el río Negro.

    Viñas también cree que UPM se aprovecha de la necesidad del Gobierno para presionar y mejorar sus condiciones contractuales.

    El presidente de la Comisión de Industria del Senado, el oficialista Andrés Berterreche, fue enfático en aclarar que su partido no aceptará un proyecto que dañe la sustentabilidad del país y negó presiones de la empresa.

    "Si ambientalmente tenemos problemas insuperables que afecten e inviabilicen la visión de sustentabilidad no hay nada para elegir (…) si se deja presionar, estaríamos hablando de un Gobierno que no es el mío. Sí se negocia, pero no se negocia bajo presión", dijo el legislador.

    Vía obstruida

    Otro de los aspectos cuestionados del precontrato entre Uruguay y UPM es la exigencia de inversión en infraestructura de transporte para la salida de la celulosa hasta sus destinos de ultramar, que incluye el tendido de una línea de ferrocarril desde el centro del país hasta el puerto de Montevideo.

    Esta vía férrea de 273 kilómetros debe ser proyectada y financiada por el Estado, a un costo de unos 800 millones de dólares.

    Su trazado, sobre todo en la zona urbana, implica la expropiación de inmuebles de particulares.

    "El FA siempre defendió el uso ferroviario, eso trae complicaciones y tenemos que ver cómo hacemos para que los impactos negativos sean los menores posibles, y lo digo como parte interesada, como ciudadano, porque el fondo de mi casa da a la vía", contó el senador Berterreche a Sputnik.

    Además, vecinos del oeste de Montevideo por donde pasará el tren ya se quejan por los ruidos y la vibración que deberán tolerar.

    Otras astillas

    La oposición, por su parte, critica "el secretismo" con el que se llevó a cabo la negociación y asegura que podría renegociar el acuerdo en caso de ganar las elecciones generales de octubre.

    Para Chasquetti esto es parte de la retórica de la competencia política.

    La preocupación ambiental "va a ser un tema de campaña; pero no va a decidir la elección" porque eso pasa "en todas las democracias, los temas medioambientales no definen una elección", dijo.

    Uruguay celebrará elecciones nacionales el 27 de octubre para elegir presidente y parlamento bicameral.

    En caso de que ningún candidato presidencial alcance la mitad más uno de los votos habrá una segunda vuelta entre los dos más votados el último domingo de noviembre.

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    plan, celulosa, elecciones, Uruguay
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