Brasil "debe concluir la investigación cuanto antes, llevando a los responsables intelectuales y materiales a la Justicia [y] ofreciendo reparación e indemnización a las familias", expresaron en un comunicado conjunto los relatores de derechos humanos de ambos organismos.
El 14 de marzo de 2018 la concejala del ayuntamiento de Río de Janeiro, Marielle Franco, fue asesinada en el centro de la ciudad de varios tiros en la cabeza.
Tras casi un año de investigación sin que se registraran avances, el martes dos expolicías fueron detenidos como presuntos autores materiales del homicidio.
La ONU y la CIDH valoran el "progreso concreto de los últimos días", pero pidieron hacer más para aclarar los motivos del ataque y descubrir quién está detrás.
"Brasil no debe seguir el camino de la impunidad", advirtieron.
"Si el Estado no hace Justicia en este caso, enviará un mensaje alarmante a los defensores de los Derechos Humanos, en particular a los que se enfrentan a amenazas y ataques", reza la nota oficial.
Franco pertenecía al izquierdista Partido Socialismo y Libertad, y destacó por su lucha en defensa de la comunidad negra, el colectivo LGTB y los vecinos de favelas y periferias, además de ser muy crítica con la violencia y los abusos policiales.
