Nieto aseguró que los movimientos financieros detectados, que suman en total unos 167 millones de dólares, serían ilegales porque "la ley de delitos electorales prohíbe que exista financiamiento ilícito en las campañas", como la serie titulado 'Populismo en América' que retrató a López Obrador junto con líderes latinoamericanos de Venezuela, Brasil y Argentina.
El funcionario de la UIE, dependencia investigadora de la cartera federal de Hacienda, presentó el origen de fondos de las campañas vinculados al Gobierno del Estado de México, durante el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Eruviel Ávila (2011-2017), quien fue en 2017 presidente de ese partido y ahora es senador.
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Los fondos para el documental salieron de un bufet llamado "Proyectos de Información y Análisis", y la información del sistema financiero "reporta que las empresas están fuera de su perfil, y han sido utilizadas para una posible empresa fachada y desvió de recursos del Gobierno", explicó el titular de la UIF en la conferencia de prensa diaria de López Obrador.
También recibió 3,6 millones (casi 2 millones de dólares) y 14 millones de pesos (unos 7 millones de dólares) en "servicios administrativos", de dichas empresas, según el resultado de la investigación "sobre la ruta del dinero de las empresas".
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La ley electoral prohíbe, primero, financiamientos de parte de la delincuencia organizada; y segundo, de empresas o personas con aportaciones mayores a las permitidas por la Ley General de Partidos Políticos, que impide a empresas particulares otorgar recursos a partidos en campañas.
La campaña negra
La campaña retrató al ahora presidente López Obrador junto con imágenes de expresidentes latinoamericanos emblemáticos de izquierda, como el venezolano Hugo Chávez (1999 hasta su muerte en 2013), Luiz Inacio Lula Da Silva (2003-2010), y el argentino Juan Domingo Perón (1946-1955; 1973-hasta su muerte en 1974).
"Terceros no pueden contratar a espacios en los medios con fines electorales, para beneficiar candidatos, las campañas negras están prohibidas, y el financiamiento ilícito de campañas electorales y la facultad de fiscalización corresponde a la autoridad electoral", dijo Nieto.
Por su parte, López Obrador señaló que si estuviera en vigor una reforma que catalogará como grave los delitos electorales, los involucrados en este caso podrían ir a la cárcel, pero que el proceso no puede ser retroactivo.
Ese caso, trata de los contratos otorgados a la constructora brasileña Odebrecht por Emilio Lozoya, siendo director de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a cambio de sobornos pagados para la campaña presidencial del PRI en 2012, cuando fue candidato el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
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López Obrador dijo que "sí se prueba que los hechos denunciados son ciertos, los responsables serán sancionados, nada más que son sanciones leves que causan risa", denunció el mandatario.
"Si el tema se judicializa podría terminar en proceso abreviado, aceptando culpa sin prisión, un acuerdo de reparación del daño sin prisión, que fue diseñado para proteger a la clase política que cometía las irregularidades", relató Nieto.
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El caso ejemplar fue presentado luego de que el presidente aplaudió las reformas constitucionales que catalogan a la corrupción, el peculado y el robo de combustible como "delitos graves", que serán castigados con cárcel sin derecho a fianza ni a prisión domiciliaria, a las cuales aún falta reglamentar con leyes secundarias.
