"Hoy se ha empezado el juicio y hemos exigido que éste sea público y no reservado por el derecho a la verdad de las víctimas, porque hasta el momento nadie las ha escuchado y se cree que mienten, como siempre pasa en delitos sexuales donde el violador sostiene que la mujer miente", dijo Cedano.
La acusación fiscal sostiene que algunas de las víctimas eran menores de edad cuando fueron violadas por los militares.
El juicio del caso Manta y Vilca comenzó en 2016, pero fue suspendido por la Suprema Corte de Justicia luego de que la jueza a cargo, Elizabeth Pérez, fuera recusada por la defensa de los acusados.
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La reserva en juicios que tratan sobre violencia sexual "es un derecho de la víctima para proteger su integridad y para evitar que se la revictimice", explicó Cedano.
El carácter público del juico permite terminar con el anonimato de las denunciantes que deseen declarar ante los jueces y busca también "que la ciudadanía escuche las barbaridades de los acusados y vigile el comportamiento de la sala", explicó.
El caso Manta y Vilca es emblemático de la violencia que sufrieron muchas mujeres de los pueblos andinos a manos de agentes de las Fuerzas Armadas durante la etapa de la violencia política.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) expuso en 2003 este tipo de delitos con 35 denuncias de violaciones cometidas entre 1985 y 1994.
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Al año siguiente, en 2004, se presentó una denuncia ante la fiscalía de Huancavelica, que investigó durante cuatro años y elevó el caso a la justicia en 2009.
En 2014 terminó la etapa de instrucción en el ámbito judicial y la acusación fiscal fue introducida en 2015.
Las víctimas hablan el quechua de Huancavelica, distinto a otras variantes de esta lengua que se habla en varias regiones de Perú.
La defensa de los militares se niega que el juicio pierda su reserva alegando que la atención de los medios puede generar presión de la opinión pública y condicionar la decisión de los jueces.
Cedano replicó que los denunciados "tienen garantizada plenamente la presunción de inocencia", por lo que no hay razón para no levantar la reserva si las denunciantes, titulares de ese derecho, lo desean.
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La Sala Penal Nacional anunciará su decisión sobre el carácter reservado o público del proceso en una audiencia el 25 de este mes.
El Registro Único de Víctimas del Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia indica que 4.567 personas sufrieron violaciones sexuales durante el conflicto interno que se desarrolló entre 1980 y 2000.
