"En Tucumán pretenden amedrentar a los médicos que practicaron la interrupción del embarazo de "Lucía" con una denuncia por homicidio", alertaron desde la Fundación Huésped, una ONG que que vela por los derechos humanos y reproductivos en su trabajo en áreas de salud pública.
La Fundación alertó de la gravedad de la denuncia, puesto que "buscan dificultar el acceso a un derecho vigente desde 1921 y disciplinar a los profesionales de la salud".
La menor de edad se había presentado el pasado 31 de enero en un centro de salud de la localidad 7 de abril, en Tucumán, por un dolor de estómago, momento en que descubrió que cursaba un embarazo de 16 semanas.
Las autoridades provinciales, encabezado por el secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud, Gustavo Vigliocco, dilataron el proceso pese a que la niña había manifestado su oposición a continuar con la gestación.
Cuando cursaba la semana 25 de embarazo, el pasado 26 de febrero, la niña fue sometida finalmente a una microcesárea por considerarse que era el método más adecuado para extraer el feto, pues un aborto vaginal habría puesto en riesgo la vida de la menor.
El recién nacido finalmente falleció el pasado 8 de marzo, confirmó el hospital Eva Perón.
El abogado Salvador del Carril acusó a los médicos intervinientes en la microcesárea, José Gigena y Cecilia Ousset, del delito de homicidio.
El letrado también denunció a la Defensora de Menores, Adriana Mónica Romano, por el incumplimiento como funcionaria púbica y desobediencia judicial.
Este caso ha tenido una gran resonancia política y social dentro y fuera de Argentina.
Cada tres horas una niña menor de 15 años en Argentina es sometida a un parto, pese a que en la mayoría de los casos el embarazo se produjo como consecuencia de un abuso, según Amnistía Internacional.
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A finales de enero falleció en la provincia de Jujuy una bebé prematura después de que su madre, una niña de 12 años que había sido violada, fuera sometida a una cesárea con 23 semanas y media de gestación pese a que había pedido la interrupción legal de su embarazo.
Aunque el aborto es ilegal en Argentina, el art. 86 del Código Penal autoriza la interrupción voluntaria del embarazo cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo fue producto de una violación.
En 2012, la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo FAL para ratificar que una embarazada puede abortar de manera legal según el art. 86 del Código Penal, y exhortó a todas las provincias a que se adhirieran al protocolo ILE de del Ministerio de Salud.
