"La violencia en México plantea riesgos de crédito cada vez mayores para las empresas (…) daña la rentabilidad de las compañías mexicanas, y en particular debilitará los ingresos y los márgenes en los próximos 12 a 18 meses para la industria petrolera y los hoteles y centros turísticos", dijo la firma calificadora.
Las compañías que no observaron cambios significativos en su calidad crediticia general en los últimos años, son "las más grandes y bien diversificadas empresas de consumo y venta al por menor".
Pero la delincuencia representó un mayor riesgo para las empresas más pequeñas o más débiles, detalla el análisis de riesgos.
Amenazas a la industria petrolera
La firma comentó que las ventas de combustible en el mercado negro, que en 2018 dejaron pérdidas por 3.000 millones de dólares a la petrolera estatal Pemex, "se han vuelto más atractivas para las organizaciones delictivas, a medida que se intensifica la lucha de México contra las drogas".
Los esfuerzos del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante un plan para sustituir la distribución de combustible por oleoductos, utilizando transportes por carretera, han interrumpido los suministros, "posiblemente conservando los ingresos de Pemex", estima la firma.
"Pero la escasez de combustible a largo plazo amenaza con interrumpir la logística para las compañías que dependen de la cadena de distribución y suministro", alertan los analistas financieros.
Los costos relacionados con la inseguridad también representan un riesgo para otras industrias, entre ellas, los analistas mencionan las productoras de "alimentos envasados, el comercio minorista, las bebidas y la minería".
Aunque el aumento de la delincuencia ha coincidido con una disminución en la inversión en ciertos estados mexicanos, "la mayoría de los estados han continuado viendo un crecimiento económico general positivo".
Desde que comenzó la guerra frontal contra el crimen organizado hace 12 años, se han perdido más de 200.000 vidas, al menos 40.000 personas han desaparecido, hay 28.000 cuerpos sin identificar en las morgues y más de 1.100 fosas comunes, según las autoridades del nuevo Gobierno que comenzó en diciembre pasado.
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López Obrador considera que las fuerzas policiales no están capacitadas para entrenar al crimen, y el Congreso autorizó que los militares continúen desplegados en tareas de seguridad pública durante cinco años más, mientras se forma una Guardia Nacional militarizada con 50.000 efectivos.
