"Han sido tres meses en los que todos los días el presidente ha salido a posicionar el tema de la corrupción, como asunto central de su agenda en todas sus apariciones públicas, pero con claroscuros en los resultados", dijo Toral, politólogo e internacionalista por el Centro de Investigación y Docencia Económica, posgraduado por la Universidad de Chicago.
La popularidad del mandatario se ha fortalecido "al enlazar todos los temas con el combate a la corrupción", indica el experto en temas de transparencia.
Por ejemplo, para una campaña de dos meses de combate al robo de combustible, logró el apoyo del 89% de los encuestados, según un sondeo de Consulta Mitofsky.
Sin embargo, cuando el tema no se relaciona de manera directa con acciones concretas, "existe el riesgo de vaciarlo de contenido", advierte el investigador.
"Al volverlo un crimen que amerita prisión automática, puede convertirse en arma política y en un instrumento limitado al escándalo", estima Toral.
Después de los recortes de personal gubernamental, por razones de austeridad, y de las amenazas de despedir más burócratas, "existe entre los funcionarios una tendencia a destacar en su trabajo diario que son transparentes".
Pero con tal de honorar ese concepto, han sido modificadas decisiones gubernamentales poco relevantes, con el argumento de "no darle el gusto a los conservadores, ni oportunidad de que critiquen la transparencia".
Por otra parte, el presidente toma decisiones mediante referendos, sin participación del Instituto Nacional Electoral, como indica la ley.
"Las consultas ciudadanas son un mecanismo opaco, para justificar sus medidas, como la cancelación o aprobación de grandes proyectos de infraestructura", explica el investigador de MCCI.
Durante el Gobierno anterior hubo avances en materia de transparencia, por ejemplo, la creación de una plataforma de información digital gubernamental, una guía anticorrupción, y la publicación de las contrataciones de obras públicas, presentados en formatos internacionales abiertos.
"Es muy temprano para saber si se mantendrán operando esas plataformas de información gubernamental, que se actualizan cada año o en forma trimestral, y sobre todo que se publiquen con los estándares anteriores o mejorados", advierte Toral.
Avances y rectificaciones
El Gobierno comenzó a difundir algunas auditorías, entre ellas un posible desvío de fondos públicos con un mecanismo similar a la llamada Estafa Maestra, que consistió en contratos a universidades públicas que a su vez contrataron a empresas fantasma, que no entregaron obras.
"Los nombres de las empresas se comenzaron a omitir, y luego de que presionamos, la Auditoría Superior de la Federación corrigió y publicó esos datos", menciona el especialista entre los logros.
"Muchas decisiones están basadas más en una perspectiva ideológica que en hechos concretos", estima el investigador.
MCCI ha detectado tres tipos de obstáculos en el combate a la corrupción por parte de actual Gobierno.
En primer lugar, las conferencias de prensa matutinas diarias se han convertido en la única fuente de información gubernamental, y hay decisiones en las que lo único que se conoce son declaraciones del presidente.
"Aún no conocemos los supuestos hechos de corrupción en que se basa el recorte de fondos públicos para organizaciones de sociedad civil, cientos de guarderías infantiles y el programa social Prospera", para siete millones de familias en pobreza, del Gobierno anterior, cita como ejemplo.
Toral considera que las conferencias de prensa son insuficientes y que "se necesita un sistema más robusto de información pública transparente, porque algunas decisiones no concuerdan con la realidad".
Una segunda preocupación es la falta de claridad en algunas licitaciones de contratos gubernamentales.
Por ejemplo, el presidente entregó, sin realizar concurso de licitación, un contrato a Banco Azteca, propiedad del magnate Ricardo Salinas Pliego, para distribuir las tarjetas bancarias mediante las cuales se canalizará la ayuda de los programas de bienestar, para millones de personas de sectores vulnerables.
"Es posible un conflicto de intereses, porque Salinas Pliego forma parte del Consejo Empresarial Asesor y podría tratarse de un pago de facturas políticas", estima el experto.
Por ejemplo, "hay un posible uso discrecional de la investigación por posible conflicto de intereses, contra el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)", Guillermo García Alcocer, luego de que este funcionario criticó la lista de candidatos enviada por el presidente al Senado para ocupar cargos en esa entidad autónoma del Estado.
El presidente difundió en su conferencia de prensa las sospechas sobre el titular de la CRE "antes de que se terminen las indagaciones y se dicte sentencia, violando el principio de presunción de inocencia", opina el experto de MCCI.
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Finalmente en el caso de los sobornos pagados por gerentes de la constructora brasileña Odebrecht a políticos cercanos al expresidente Enrique Peña Nieto, López Obrador prometió acciones, "pero hasta la fecha no ha habido avances", puntualizó Toral.
López Obrador comenzó su mandato el 1 de diciembre pasado.
