"Amnistía Internacional repudia la violencia institucional ejercida por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) de la provincia de Tucumán", señaló, por ejemplo, este organismo desde su cuenta de la red social Twitter.
La niña fue sometida el 26 de febrero a una cesárea cuando cursaba la semana 25 de embarazo, pese a que había manifestado su oposición a continuar con la gestación.
La menor de edad se había presentado el pasado 31 de enero en un centro de salud de la localidad 7 de abril por un dolor de estómago, momento en que descubrió que cursaba un embarazo de 16 semanas.
La niña no vivía con su madre, dado que también el concubino de ésta había abusado de sus dos hermanas mayores, aunque el hombre se encontraba condenado y preso por este motivo.
El 25 de febrero, la niña y su progenitora expresaron la intención de interrumpir el embarazo, pero el Siprosa, dependiente del secretario provincial de Salud, Gustavo Vigliocco, se interpuso y finalmente consiguió que a la niña le fuera practicada una cesárea.
Mientras tanto, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, difundió el nombre de la niña, vulnerando la intimidad de la víctima, y llamó a los suyos a "custodiar" la vida del recién nacido.
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Amnistía recordó que la niña fue víctima de una gestación forzada, por lo que en su caso se aplicaban las causales que habilitan en el país la interrupción voluntaria del embarazo: que el embarazo es consecuencia de una violación, y que conlleva un riesgo para la salud de la víctima.
"Someter a una niña de 11 años, abusada, a dilaciones para el acceso a una interrupción del embarazo viola sus derechos humanos", sentenció la entidad.
Torturas a niñas
La Fundación Huésped, que vela por los derechos humanos y reproductivos en su trabajo en áreas de salud pública, recordó que hace unas semanas la provincia de Jujuy (norte) registró una situación similar, y que en realidad "no sabemos cuántas más son ni cuántas más serán torturadas".
"No podemos permitir más torturas a niñas", advirtió.
Diputados opositores de la coalición Frente para la Victoria, como Gabriela Estévez, o del Frente de Trabajadores de Izquierda, como Nicolás del Caño, repudiaron junto a otros representantes de sectores sociales, periodísticos y culturales que la menor de edad fuese obligada a parir.
En 2017 se registraron 2.493 nacimientos de niñas menores de 15 años, de acuerdo a Amnistía Internacional.
Aunque el aborto es ilegal en Argentina, el art. 86 del Código Penal autoriza la interrupción voluntaria del embarazo cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo fue producto de una violación.
En 2012, la Corte Suprema de Justicia dictó el fallo FAL para ratificar que una embarazada puede abortar de manera legal según el art. 86 del Código Penal, y exhortó a todas las provincias a que se adhirieran al protocolo ILE de del Ministerio de Salud.
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A finales de enero falleció una bebé prematura en la provincia de Jujuy; la madre, una niña de 12 años que había sido violada, fue sometida a una cesárea pese a que había pedido la interrupción legal de su embarazo, de 23 semanas y media.
Tucumán está gobernada por el peronista Juan Manzur.
