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    BOGOTÁ (Sputnik) — La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que el Gobierno colombiano nombró en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales vinculados con asesinatos extrajudiciales, denominados falsos positivos.

    "El gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos", indicó la organización en un comunicado.

    Según el documento, "por lo menos tres de los militares están siendo investigados y la Fiscalía General de la Nación investiga ejecuciones perpetradas por soldados bajo el mando de los otros seis".

    El recuento hecho por HRW señala que el pasado 10 de diciembre el gobierno colombiano nombró al general Nicacio de Jesús Martínez Espinel como nuevo comandante del Ejército colombiano y que el 21 de ese mes el oficial, junto con el ministro de Defensa, Guillermo Botero, nombró a su vez a nuevos comandantes en puestos importantes del Ejército.

    HRW "ha encontrado pruebas que vincularían a ocho de estos militares, así como al general Martínez Espinel, con falsos positivos y otros abusos", subrayó la organización.

    "Las autoridades colombianas deberían impulsar investigaciones serias contra los generales creíblemente implicados en falsos positivos y no designarlos en los puestos más importantes del Ejército", señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, según el comunicado del organismo.

    "Al nombrar a estos generales, el Gobierno transmite a las tropas el preocupante mensaje de que cometer abusos puede no ser un obstáculo para avanzar en la carrera militar", agregó.

    Según HRW, sus investigaciones han demostrado que patrones en los casos de falsos positivos sugieren que los comandantes de las unidades a las cuales se atribuye una cantidad significativa de ejecuciones sabían o deberían haber sabido sobre estos homicidios por parte de subordinados bajo su control, lo que los hace penalmente responsables.

    El organismo destacó que tuvo acceso a un documento firmado por el entonces coronel Martínez Espinel que certificó un pago por 400 dólares a un informante que habría proporcionado datos que supuestamente permitieron lograr "excelentes resultados" en dos operaciones militares.

    En dichas operaciones, los soldados reportaron haber dado muerto a un hombre y a una mujer, pertenecientes al frente 59 de la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pero en los tribunales se concluyó que en realidad se trató de un hombre y una niña de 13 años pertenecientes a una comunidad indígena.

    Tras conocer el informe de HRW, el Gobierno colombiano emitió un certificado de la Contraloría —con fecha de este 27 de febrero— según el cual Martínez "no está reportado como responsable fiscal", así como otro de la Procuraduría que señala que, a la fecha, el oficial "no registra sanciones ni inhabilidades vigentes".

    Entre los años 2002 y 2008 (durante el gobierno del derechista Álvaro Uribe) brigadas del Ejército en todo el país asesinaron de manera extrajudicial a miles de civiles para reportarlos como bajas en combate, en lo que se conoce como casos de falsos positivos, con los cuales los militares recibían ascensos y beneficios.

    Los tribunales colombianos han condenado a más de 800 miembros del Ejército colombiano por ejecuciones extrajudiciales, en su mayoría soldados y suboficiales, mientras que las autoridades no han llevado a cabo investigaciones exhaustivas sobre los altos mandos del Ejército y, por el contrario, han ascendido de rango a militares presuntamente implicados en ese tipo de hechos.

    Etiquetas:
    Human Rights Watch, Colombia
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