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Corte argentina pide a Fiscalía opinión sobre decreto que endurece requisitos a migrantes

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BUENOS AIRES (Sputnik) — La Corte Suprema de Justicia argentina se dirigió a la Procuración General de la Nación para que emita su parecer sobre el decreto del presidente Mauricio Macri que endureció los requisitos para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país, informaron fuentes judiciales.

"La Corte pidió a la Procuración que se pronuncie sobre el DNU [Decreto de Necesidad y Urgencia] migratorio", indicaron las fuentes.

La Corte Suprema se apresta así a resolver el recurso que el Poder Ejecutivo presentó para que se revierta el fallo de segunda instancia que había declarado inconstitucional el DNU de Macri, emitido en enero de 2017.

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En virtud de una acción colectiva presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes y el Colectivo por la Diversidad, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró inconstitucional el decreto presidencial en marzo del año pasado.

En su recurso, el Gobierno de Macri advirtió que la sentencia "implica una clara intromisión de uno de los poderes del Estado en la esfera de otro, al declarar de inconstitucionalidad una norma dictada por el Poder Ejecutivo en pleno uso de sus prerrogativas constitucionales, por la que se modifican ciertos aspectos de la normativa migratoria en beneficio de la seguridad de los argentinos".

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Ante este escenario, la Corte le dio intervención a la Procuración General de la Nación, la jefatura de los fiscales en Argentina, para que dictamine al respecto.

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En cualquier caso, el pronunciamiento de la Procuración, que conduce Eduardo Casal, no es vinculante.

El DNU firmado por Macri, que nunca pasó por el Congreso, modifica la Ley de Migraciones de 2003 con el propósito de limitar la entrada y acelerar la expulsión de extranjeros con causas penales.

El decreto vigente abre la puerta a que cualquier inmigrante pueda ser sujeto de detención y deportación sumaria por tener una causa penal abierta, sin que importe la naturaleza de la denuncia y aunque no exista condena, o por cometer una falta administrativa en sus trámites migratorios, según indicaron los colectivos de derechos humanos.

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