"Las 227 organizaciones sociales, de derechos humanos y víctimas que suscribimos el presente documento nos dirigimos a usted con el propósito de solicitar la sanción" de la "ley estatutaria de la administración de justicia en la jurisdicción especial para la paz, y a garantizar la adecuada y completa puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz", señalaron las organizaciones en una carta.
Duque sostiene que tiene plazo hasta el próximo 11 de marzo para decidir si objeta o no la norma, a la cual se oponen varios sectores políticos, así como el fiscal General de la Nación, Néstor Martínez, quien envió una carta al presidente en la que hace reparos a ley.
Según Martínez, la ley estatutaria de la JEP permitiría que no sean excluidos de ese tribunal los reinsertados que después de la firma del Acuerdo de Paz (en noviembre de 2016) cometan nuevos delitos como secuestro, narcotráfico, extorsión, delitos sexuales y homicidio.
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Asimismo, sostiene que la forma en la que está planteada dicha ley permitiría eximir de responsabilidades penales a quienes hayan cometido crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
Para las organizaciones, la importancia de la sanción presidencial de dicha ley permitiría no sólo "la consolidación real y efectiva de una paz estable y duradera", sino también la posibilidad de que haya justicia a favor de las víctimas del conflicto y que se puedan investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos.
Luego de conocerse las cartas de las organizaciones sociales y del Fiscal General de Colombia dirigidas a Duque, la JEP emitió un comunicado en el que señaló que "es indispensable que se sancione con carácter prioritario" la ley estatutaria de ese tribunal.
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"Teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la garantías de seguridad jurídica que se imponen en el Estado de Derecho para los 9.691 ex combatientes de las FARC, 1.958 miembros de la Fuerza Pública y 39 agentes del Estado, diferentes a la Fuerza Pública hasta ahora sometidos a la JEP, es indispensable que se sancione con carácter prioritario la ley estatutaria de la JEP", señaló ese organismo.
En la actualidad, más de 13.465 comparecientes, entre miembros de la exguerrilla de las FARC y la Fuerza Pública, han firmado actas con la JEP y de estos, en su mayoría, han recibido algún tipo de beneficio penal, entre los que se destacan las libertades transitorias o anticipadas.
La ley estatutaria de la JEP establece mecanismos claros para hacer seguimiento a estos beneficios y evaluar si el compareciente ha aportado a la verdad plena, reparado a las víctimas y ha garantizado la no repetición.
