"La objeción más importante es que tenemos pruebas de que no resuelve los problemas de inseguridad, sino que los agrava, no permite construir una seguridad de largo plazo, sólida, civil y ciudadana, donde predomine la proximidad en el imperio de la ley y la justicia", dijo a esta agencia Jorge Javier Romero, politólogo del departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Romero es parte de un grupo de expertos que señalaron a los senadores el peligro de un proyecto que ya logró media sanción en la Cámara de Diputados, que crearía una fuerza de 50.000 efectivos procedentes de las policías militares y navales para combatir el crimen organizado.
También lo hicieron abogados de víctimas de violaciones a derechos humanos, perpetradas por militares en años recientes.
"La estrategia de crear un cuerpo para la seguridad pública, con fuero militar y un Estado Mayor representa la subordinación a la jerarquía militar", dijo el autor del libro "La democracia y sus instituciones".
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Romero lamentó que en las últimas dos décadas, cada seis años se han reinventando las instituciones de seguridad, destruyendo lo que se hace, sin que se concluyan las anteriores.
La única explicación para que el presidente Andrés Manuel López Obrador defienda ese proyecto "es la voluntad de los generales del Ejército, que también presionaron mucho al expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) para que promulgara una Ley de seguridad Interior", en diciembre de 2017, recordó el especialista.
Pero la reforma constitucional que permitió esa ley que avala los despliegues militares fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2018.
"La presión militar hizo que el presidente López Obrador presentara ese proyecto, con el subterfugio de crear una gerencia civil, pero con fuero militar y comandancia militar", puntualizó el politólogo.
Contra el orden internacional
Santiago Corcuera, jurista del Comité contra Desapariciones Forzadas de la ONU de 2013 a 2017, órgano que presidió en ese último año, dijo a Sputnik que "la creación de una Guardia Nacional contiene demasiadas contradicciones que la hacen inviable".
Un segundo contrasentido plantea que "estará comandada por una junta de jefes de Estado Mayor integrada por las secretaría de Seguridad, de la Defensa, y de la Marina, que conservarán sus rangos militares; pero a la vez que la seguridad pública es una función de carácter civil".
Finalmente, la Cámara de Diputados suprimió un artículo transitorio para que, mientras se forma la Guardia Nacional, las fuerzas armadas continúen en las funciones de seguridad pública.
"El presidente (López Obrador) dijo que estaba insatisfecho con esa supresión y existe la pretensión de instalarlo de nuevo", alertó Corcuera.
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Los legisladores de la izquierda nacionalista gobernante se opusieron vehemente a la Ley de Seguridad Interior, "pero ahora cambiaron de opinión, no sabemos por qué", puntualizó Corcuera.
Una ventana de oportunidad se abre para que ese proyecto no logre las tres cuartas partes del Senado requeridas, porque buena parte de los legisladores escucharon también las advertencias de Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
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"Ahora se pretende elevar a rango de política convencional lo que es extraordinario", advirtió el representante de la expresidenta chilena.
Jarab dejó planteadas agudas interrogantes a los senadores: "¿por qué se propone fortalecer a las fuerzas armadas en lugar de las fiscalías y los investigadores?¿De verdad creemos que con un curso rápido van a saber investigar? ¿O será que pretendemos buscar más bien el uso de la fuerza?".
La alternativa militar ha caído en el desuso en el mundo: de las 47 guardias nacionales actuales, 44 se crearon antes de 2001, solo tres se crearon en las últimas décadas, 22 datan del siglo XIX, y solo tres países tiene guardias donde el componente militar predomina: Portugal, Túnez y Venezuela.